La Fiscalía General de la Nación informó sobre la revocación de la declaratoria de lesa humanidad en relación con los hechos delictivos vinculados a Cielo María Gnecco Cerchar, exprimera dama del Cesar.

Esta medida fue tomada de manera autónoma e independiente por el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión conllevó la nulidad de todo lo actuado en el proceso y la preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal contra Gnecco.

Sin embargo, el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos advirtió posibles extralimitaciones y excesos de competencia por parte del fiscal delegado ante el Tribunal. Se destaca que su función se limitaba a pronunciarse sobre un recurso de apelación interpuesto contra decisiones emitidas por una fiscal de primera instancia en octubre de 2023.

Además, se señala que el fiscal no tenía la autoridad para revocar la declaratoria de lesa humanidad, la cual fue decretada por un homólogo suyo ante el Tribunal Superior de Valledupar en la misma fecha.

Ante estas presuntas irregularidades, y con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas y garantizar la continuidad de la investigación, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos interpuso una tutela para permitir la continuación del proceso judicial bajo los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000.

Además, se han compulsado copias a las instancias penales y disciplinarias competentes para investigar el actuar del Fiscal 103 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Cielo Gnecco Cerchar estaba siendo investigada por delitos lesa humanidad de secuestro, homicidio y concierto para delinquir, por presuntos nexos con paramilitares.

Según declaraciones de un exparamilitar, Gnecco Cerchar habría solicitado la retención y asesinato de dos contratistas de la Gobernación del Cesar en el año 2002, debido a una presunta deuda de 2.500 millones de pesos con la procesada.

Aunque la Fiscalía Quinta Especializada inicialmente decidió que los delitos habían prescrito, el procurador 177 Judicial Penal II apeló la decisión y la Fiscalía Tercera Especializada determinó que había mérito suficiente para continuar con la investigación e imponer medida carcelaria. Posteriormente, el proceso fue trasladado a Bogotá para mayor transparencia, pero ahora ha sido revocado y precluido.