
El Revisor Fiscal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, solicitó el 14 de octubre de 2026 a la Superintendencia Nacional de Salud definir con urgencia quién ejerce la representación legal del centro asistencial, tras una medida judicial que suspendió temporalmente el cambio de agente especial interventor.
La controversia comenzó el 7 de octubre, cuando la Supersalud removió a Lina María de Armas Daza de su cargo y designó en su reemplazo a Víctor Augusto Pedraza López, quien asumió formalmente el 8 de octubre. Sin embargo, el 9 de octubre, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar ordenó suspender provisionalmente los dos primeros artículos de la resolución y dispuso el restablecimiento temporal de la anterior interventora.
La decisión judicial también estableció que el retorno debía realizarse mediante una transición coordinada, sin permitir que dos personas ejercieran simultáneamente la representación legal de la institución.
Ante este escenario, el Revisor Fiscal José Alberto Henríquez David advirtió sobre los riesgos administrativos, financieros, contractuales y contables derivados de la falta de claridad sobre quién está facultado para autorizar pagos, firmar contratos, manejar cuentas bancarias y asumir obligaciones en nombre del hospital.
Revisor Fiscal alerta por la transición en el Hospital Rosario Pumarejo
En una comunicación dirigida a la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, y a la directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud (e), Martha Yolima Pasachoa Moreno, pidió precisar los efectos de la medida judicial y establecer las directrices que deben seguir las distintas áreas de la ESE durante la transición.
El Revisor Fiscal también solicitó aclarar el tratamiento de los contratos, pagos, autorizaciones e instrucciones impartidos durante el periodo de cambio administrativo, así como recomendar medidas para proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios de salud.
Finalmente, anunció que mantendrá un seguimiento especial a las operaciones financieras y administrativas mientras se define la situación jurídica, con el propósito de documentar posibles riesgos y comunicar cualquier irregularidad a las autoridades competentes.
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