La difusión de un video en redes sociales el miércoles 14 de octubre de 2026 generó controversia en Bogotá luego de que Yordy Medina Noriega, funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), apareciera preparando un armadillo, hecho que motivó solicitudes de investigación por parte de organizaciones defensoras de los animales y representantes políticos.
La grabación, difundida por la cuenta de Instagram @cosas_del_llano_3.0, muestra al funcionario manipulando y cocinando un ejemplar conocido popularmente como gurre o cachicamo. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la procedencia del animal y la posible vulneración de las normas colombianas de protección de la fauna silvestre.
Las solicitudes de investigación ambiental a Yordy Medina
La Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria rechazó públicamente lo ocurrido y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades ambientales para esclarecer los hechos. La organización advirtió sobre las posibles implicaciones legales del aprovechamiento no autorizado de especies silvestres.
La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, también pidió investigar la denuncia y aplicar medidas penales y disciplinarias si se comprueban irregularidades. La congresista dirigió su solicitud al presidente Abelardo de la Espriella y a la directora de la ANT, Lina María Garrido.
¿Qué dice la legislación colombiana?
El caso plantea interrogantes sobre la eventual captura, adquisición, transporte o consumo de fauna silvestre sin autorización. La Ley 2111 de 2021 contempla delitos ambientales relacionados con el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, el tráfico de fauna y la caza ilegal, siempre que se configuren las conductas previstas en la legislación.
Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente la procedencia del ejemplar ni se ha confirmado una responsabilidad penal del funcionario.
Yordy Medina se desempeña como asesor de la Dirección General y director de Comunicaciones de la ANT. La polémica también ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a la protección de la biodiversidad.
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