La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue la posible participación del entonces presidente Gustavo Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’, un escándalo relacionado con presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales a exjefes paramilitares
La denuncia fue presentada ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen competencia para investigar a personas con fuero especial. Inicialmente, el proceso incluía indagaciones relacionadas con el ministro Armando Benedetti y la funcionaria Angie Rodríguez, quien trabajaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Fiscalía trasladó las denuncias sobre el ‘Pacto de Valledupar’
Sin embargo, por razones de competencia, el caso que involucra al exmandatario fue trasladado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, organismo encargado constitucionalmente de investigar las posibles conductas de los presidentes de la República en ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la información conocida, la posible participación de Petro se examinaría teniendo en cuenta que, por su condición de jefe de Estado en el momento de los hechos denunciados, las actuaciones relacionadas con el supuesto acuerdo podrían haber requerido su autorización.
¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’?
El denominado ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a un documento que salió a la luz pública y que contiene señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales, incluida la posibilidad de excarcelación, a antiguos jefes paramilitares.
Según la Fiscalía, a cambio de esos beneficios, los exintegrantes de grupos paramilitares habrían tenido que vincular a dirigentes políticos de la oposición con estructuras paramilitares.
La Fiscalía remitió la documentación correspondiente para que la Comisión de Acusaciones determine si existen elementos suficientes para avanzar en las indagaciones contra Petro.
Por ahora, el traslado del expediente no constituye una declaración de responsabilidad penal ni significa que los señalamientos hayan sido comprobados. Corresponderá a las autoridades competentes establecer las circunstancias de los hechos y determinar si hay méritos para continuar con una investigación formal.
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