La Procuraduría General de la Nación abrió este domingo 18 de octubre de 2026, en Bogotá, una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en un contrato superior a los $36.300 millones destinado a instalar sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos de Colombia.
Los investigados son José Henry Pinto Rodríguez, exdirector general de Aerocivil durante 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó ese cargo entre 2025 y 2026, y Carlos Uriel Barragán Mina, entonces secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
De acuerdo con el organismo de control, las posibles irregularidades estarían relacionadas con deficiencias administrativas y falta de gestión para autorizar los viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante extranjero.
Estas verificaciones debían realizarse antes del envío de los dispositivos a Colombia y de su posterior instalación en los aeropuertos contemplados en el contrato. El objetivo era comprobar su calidad y garantizar que cumplieran con las condiciones técnicas establecidas.
Procuraduría busca establecer responsabilidades de exdirectivos
La Procuraduría advirtió que la falta de estas inspecciones podría comprometer el control de calidad previo al traslado de los equipos, así como la capacitación del personal de Aerocivil, dos actividades previstas dentro de las obligaciones contractuales.
Los sistemas de comunicaciones de voz, conocidos como VCS, son herramientas utilizadas en las operaciones de navegación aérea, por lo que su correcta instalación, funcionamiento y verificación resultan fundamentales para las labores del sector aeronáutico.
Con esta actuación, la entidad busca establecer si los exfuncionarios incurrieron en posibles faltas disciplinarias durante la ejecución y supervisión del proyecto.
Por ahora, la apertura de la investigación no constituye una declaración de responsabilidad contra los vinculados. El proceso deberá determinar las circunstancias de los hechos y la eventual responsabilidad individual de cada exdirectivo.
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