El expresidente Gustavo Petro, los exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y varios dirigentes políticos quedaron en el centro de la controversia por el denominado Pacto de Valledupar, tras las denuncias sobre presuntas presiones durante reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en un hotel de Valledupar, Cesar.
La polémica se conoció públicamente en octubre de 2026, cuando Salvatore Mancuso y otros participantes señalaron que funcionarios del entonces Gobierno habrían solicitado a los antiguos comandantes hablar públicamente sobre Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
¿Qué relación tiene el Pacto de Valledupar con el proceso de Ralito?
Según las versiones divulgadas, los encuentros buscaban inicialmente avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito, así como abordar asuntos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y la situación jurídica de los antiguos integrantes de las AUC.
Sin embargo, Mancuso afirmó que los excomandantes no aceptaron la presunta solicitud. El abogado Juan Carlos Villamizar, quien aseguró haber presenciado las reuniones, respaldó esa versión en una entrevista con Caracol Radio.
Entre los funcionarios mencionados figuraron Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñó como asesor del Gobierno. Las declaraciones deberán contrastarse con las pruebas disponibles para establecer eventuales responsabilidades individuales.
Gustavo Petro rechazó los señalamientos y negó haber ordenado presiones contra dirigentes políticos. El expresidente defendió la mesa de trabajo, establecida mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, y pidió publicar las actas, comunicaciones y grabaciones de los encuentros.
El caso tomó un nuevo rumbo el 19 y 20 de octubre de 2026, cuando el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía investigar las denuncias y la bancada de Salvación Nacional presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Por ahora, el Pacto de Valledupar permanece en el terreno de las denuncias y las versiones enfrentadas. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y si existieron conductas irregulares.
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