La Contraloría General de la República reveló un daño fiscal de $5.670 millones en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), tras una Auditoría Financiera que detectó irregularidades en la contratación para el mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en varios aeropuertos del país. Según el informe, el contrato suscrito en 2022 se ejecutó sin las licencias, permisos ni autorizaciones ambientales requeridas, lo que representa un riesgo para la salud de usuarios y comunidades aledañas.
Los hallazgos indican que aeropuertos de municipios como Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia operaban sus plantas de tratamiento de agua potable sin concesiones vigentes, mientras que terminales como Florencia, Guaymaral, Neiva, Mariquita y Pitalito carecían de los permisos para vertimientos de aguas residuales. La Contraloría advirtió que esta situación no solo viola la normativa ambiental, sino que también expone a miles de personas a posibles afectaciones sanitarias.
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El organismo de control también cuestionó la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), clave para mejorar la conectividad de regiones apartadas. A pesar de comprometer más de $377.000 millones en obras para seis aeródromos estratégicos, el avance físico a diciembre de 2024 era apenas del 2,31 %, lo que anticipa retrasos, sobrecostos y graves afectaciones a comunidades que dependen de esta infraestructura para su acceso a servicios y oportunidades.
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