Verónica Alcocer presentó un nuevo derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, para conocer si existe una investigación penal relacionada con las declaraciones divulgadas públicamente el pasado 9 de octubre.
La solicitud fue dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz. A través de sus redes sociales, Alcocer dio a conocer su decisión de acudir nuevamente al organismo judicial para pedir información sobre las actuaciones mencionadas públicamente y reiterar su disposición de colaborar con las autoridades.
En el documento, Verónica Alcocer recordó que anteriormente había solicitado información a la Fiscalía por otros señalamientos y aseguró que, en aquella oportunidad, recibió una respuesta en la que se le informó que no existían registros de investigaciones penales en su contra. También indicó que, posteriormente, su equipo recibió información relacionada con una indagación contra la corrupción, aunque no precisó que esta estuviera dirigida contra ella.
¿Qué le pidió Verónica Alcocer a la Fiscalía?
En esta nueva petición, solicitó que se le informe si se abrió una indagación o investigación penal relacionada con las declaraciones del 9 de octubre y, de ser así, cuál es su número de radicación, qué fiscalía tiene asignado el caso y si los hechos mencionados fueron incorporados a una actuación previa.
La solicitud busca, según expuso, obtener claridad sobre las actuaciones judiciales y garantizar el ejercicio de sus derechos. Asimismo, manifestó que su equipo jurídico recopila información y analiza las afirmaciones divulgadas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Verónica Alcocer insistió en que las acusaciones deben establecerse a partir de pruebas y no de rumores o afirmaciones sin sustento. En el documento, reiteró su disposición de atender los requerimientos de las autoridades y colaborar con cualquier procedimiento que corresponda.
Finalmente, pidió que cualquier actuación se desarrolle con respeto por las garantías constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Hasta el momento, la solicitud presentada busca conocer el estado de las actuaciones y no constituye, por sí misma, una confirmación de que exista una investigación penal en su contra.
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