El Concejo de Valledupar eligió a André Molina Carvajal, del Partido Liberal, como presidente para la vigencia 2027, durante una sesión marcada por cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la elección de la nueva mesa directiva y la representación de los partidos de oposición.
La nueva directiva estará integrada también por Ronald Castillejo, de la Alianza Social Independiente (ASI), quien ocupará la primera vicepresidencia, y José Alberto Morillo, del Centro Democrático, elegido como segundo vicepresidente. Los tres asumirán sus funciones durante el último año del actual periodo de gobierno municipal.
La elección generó controversia por las denuncias del concejal Carlos Escorcia Bornacelli, del partido En Marcha, quien solicitó revisar la situación jurídica de las colectividades que modificaron su posición política frente a la Administración Municipal.
Escorcia cuestionó que partidos que, según sus señalamientos, han respaldado iniciativas del gobierno local se declaren en oposición antes de la conformación de la mesa directiva. Además, pidió a sus compañeros actuar con transparencia y buscar asesoría jurídica independiente para garantizar decisiones ajustadas a la ley.
Concejo de Valledupar enfrentó cuestionamientos por la oposición
“Si de verdad queremos que se tenga credibilidad en nuestra corporación, tenemos que hacer las cosas bien”, manifestó el concejal, al insistir en la necesidad de respetar los turnos de representación política y evitar que las declaratorias de oposición sean utilizadas para obtener cargos directivos.
El principal punto de discusión es la primera vicepresidencia, cuya asignación está relacionada con los derechos de representación de las organizaciones políticas que acrediten legalmente su condición de oposición.
Mientras Escorcia pidió verificar las resoluciones y la coherencia de las posiciones políticas, otros sectores defendieron el derecho de las colectividades a participar si cumplen los requisitos establecidos.
Con la elección de la nueva mesa directiva, el Concejo de Valledupar se prepara para la vigencia 2027, aunque las inquietudes planteadas dejan abierto el debate sobre la transparencia, la legalidad y los acuerdos políticos dentro de la corporación.
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