En Bogotá, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo de 2026, ordenando al Gobierno expedir una medida transitoria mientras se estudia la demanda de nulidad. La decisión recae sobre el Decreto 1469 de 2025, que había establecido un aumento del 23 por ciento.
El alto tribunal consideró necesario frenar temporalmente los efectos del acto administrativo mientras analiza si el incremento del valor salarial se ajustó a los criterios legales establecidos en la Ley 278 de 1996. La controversia gira en torno a la metodología utilizada por el Ejecutivo para calcular el mínimo y la inclusión del concepto de “salario vital” como referente técnico.
Las claves jurídicas detrás del salario en debate
El presidente Gustavo Petro defendió la legalidad del decreto y aseguró que el valor salarial fue definido tras una ponderación integral de inflación, productividad y crecimiento económico. Según el mandatario, la medida buscaba reducir la brecha entre el ingreso real de los trabajadores y el costo de vida, garantizando un salario digno.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que no existe una fórmula matemática rígida para determinar el mínimo, sino la obligación de motivar la decisión conforme a los parámetros legales y constitucionales.
Diversos gremios y ciudadanos demandantes argumentan que el aumento podría generar impactos fiscales e inflacionarios. Ahora, mientras el proceso judicial avanza, el Gobierno deberá definir de manera provisional el salario que regirá en 2026 hasta que haya un fallo definitivo.
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