Por: Carolina Zubiría
Hay decisiones judiciales que producen una sensación agridulce. No porque sea incorrecto investigar o imputar a quienes durante décadas permanecieron al margen de los procesos, sino porque inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo?
Treinta y seis años después del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, la Fiscalía decidió imputar cargos al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, por su presunta participación en uno de los magnicidios que más marcaron la historia de Colombia. El hecho representa un avance para un caso que durante años estuvo rodeado de dudas y silencios. Sin embargo, también deja en evidencia una realidad difícil de ignorar: la justicia llegó cuando el principal procesado tiene cerca de nueve décadas de vida y ya cumplió una condena por otro magnicidio, el de Luis Carlos Galán.
Nadie discute que las víctimas tienen derecho a la verdad y que el Estado tiene la obligación de investigar hasta el final, sin importar el tiempo transcurrido. Pero también es válido preguntarse si una respuesta judicial, tres décadas después, alcanza a cumplir plenamente su propósito.
La Justicia y el desafío de responder a tiempo
La justicia no solo debe llegar; también debe llegar a tiempo. Cuando los procesos se prolongan durante décadas, muchos testigos han fallecido, las pruebas se deterioran, la memoria colectiva se desvanece y las familias pasan buena parte de su vida esperando respuestas. En esos casos, incluso una decisión importante puede sentirse incompleta.
La reciente imputación contra Maza Márquez demuestra que el expediente nunca estuvo completamente cerrado. Sin embargo, también refleja la lentitud con la que Colombia ha enfrentado algunos de sus crímenes más dolorosos. El asesinato de Pizarro ocurrió en 1990 y apenas en 2026 se produce una actuación judicial de este nivel contra quien hoy es considerado un presunto coautor. Para muchos ciudadanos, la sensación es inevitable: si la justicia hubiera actuado con mayor celeridad, el proceso habría tenido otro impacto.
No se trata de reclamar condenas anticipadas ni de desconocer el debido proceso. Toda persona tiene derecho a defenderse y a que un juez determine su responsabilidad. Lo que genera inquietud es el tiempo que tardó el Estado en mover una pieza que parecía pendiente desde hace años.
Quizá el mayor desafío de la justicia colombiana no sea únicamente esclarecer los grandes crímenes de su historia, sino hacerlo mientras las víctimas, los testigos y los responsables aún puedan enfrentar las decisiones judiciales en igualdad de condiciones. Porque cuando una imputación llega treinta y seis años después, queda la sensación de que el reloj terminó corriendo más rápido que la propia justicia.
Al final, la pregunta no es si era necesario imputar a Miguel Maza Márquez. La respuesta parece evidente: si existen elementos para investigarlo, debía hacerse. La verdadera pregunta es por qué el país tuvo que esperar tanto para ver un paso que muchos creían que debía haberse dado hace décadas. Esa es la reflexión que deja este caso y, quizás, una de las mayores deudas que la justicia colombiana aún tiene con su propia historia.
Contenido de autora: Colombia no necesita más enemigos, necesita un futuro
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