El exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón, fue condenado a 180 meses de prisión por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que aumentó la pena impuesta en primera instancia tras encontrarlo responsable de los delitos de fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante, en hechos relacionados con las elecciones territoriales de 2015.
La decisión judicial revocó parcialmente la sentencia emitida en abril de 2025 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, que había fijado una condena de 100 meses de prisión y había declarado prescrita la acción penal por los delitos de corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, entre los años 2014 y 2015 se habría conformado una estructura para alterar el proceso electoral mediante la inscripción irregular de cédulas de ciudadanos provenientes de Valledupar, Villanueva y Urumita. Además, la investigación señala que se habrían entregado dinero y otros beneficios con el propósito de favorecer la candidatura de José Amiro Morón a la Alcaldía de La Jagua del Pilar para el periodo 2016-2019.
José Amiro Morón enfrentará una pena de 180 meses
Al estudiar los recursos de apelación presentados por la defensa y la Fiscalía, el Tribunal concluyó que las pruebas testimoniales y documentales permitían establecer la responsabilidad de José Amiro Morón en el fraude en inscripción de cédulas. Asimismo, determinó que el juzgado de primera instancia incurrió en un error al calcular el término de prescripción de algunos delitos.
Como consecuencia, el alto tribunal revocó la prescripción de los delitos de corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante, aunque confirmó la prescripción del delito de concierto para delinquir, precisando que esta operó en una fecha distinta a la establecida inicialmente.
Con este nuevo fallo, José Amiro Morón deberá cumplir una condena de 15 años de prisión, convirtiéndose en una de las decisiones judiciales más relevantes en materia de delitos contra los mecanismos de participación democrática en La Guajira.
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