El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, una iniciativa que busca impedir de manera definitiva el uso de esta técnica de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. La propuesta será presentada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo legislativo.
Según explicó el Ejecutivo, el proyecto pretende proteger los recursos naturales, reducir los riesgos ambientales asociados al fracturamiento hidráulico y fortalecer la transición energética del país. El Gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de preservar las fuentes hídricas, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, al tiempo que impulsa el desarrollo de energías renovables y modelos de producción más sostenibles.
Gobierno reabre el debate sobre el fracking en el país
La iniciativa también reabre un debate que durante varios años ha dividido a sectores políticos, ambientales y económicos. Mientras organizaciones ambientalistas respaldan la prohibición por los posibles impactos del fracking sobre el agua y el suelo, representantes de la industria de hidrocarburos consideran que esta tecnología podría contribuir a aumentar las reservas de gas y petróleo, así como fortalecer la seguridad energética de Colombia.
El proyecto deberá iniciar su trámite en el Congreso, donde será discutido por las comisiones y posteriormente por las plenarias de Senado y Cámara. En legislaturas anteriores se presentaron iniciativas similares, pero ninguna logró convertirse en ley. Por ello, esta nueva propuesta marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro energético del país.
El Gobierno espera que el proyecto obtenga el respaldo suficiente para avanzar en el Legislativo y consolidar una política pública enfocada en la protección ambiental. Entretanto, gremios del sector energético han reiterado que seguirán participando en el debate con argumentos técnicos sobre el impacto económico y la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustibles. El Gobierno insiste en que la transición energética debe realizarse de manera responsable y con prioridad en la conservación de los recursos naturales.
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