La audiencia de este martes 2 de diciembre tomó un giro decisivo luego de que la Fiscalía anunciara que Nicolás Petro Burgos debería afrontar una medida de aseguramiento en prisión. La fiscal del caso, Lucy Laborde, aseguró que existen elementos suficientes para concluir que el hijo del presidente habría intervenido en la adjudicación de dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, entre 2021 y 2022, para posteriormente recibir beneficios económicos destinados a cubrir gastos personales.
Durante la diligencia, Laborde señaló que Petro no actuó solo, sino que habría utilizado a su entonces esposa, Daysuris Vásquez, como puente entre el representante de la fundación y funcionarios de la gobernación. Según la Fiscalía, las gestiones de Vásquez no fueron espontáneas, sino realizadas bajo instrucciones de Petro, aprovechando —aseguró la fiscal— la influencia social y política que él ejercía en la región Caribe. Esta tesis se apoyó en audios revelados en la audiencia, en los que se escuchan conversaciones entre Vásquez y Gustavo de la Ossa, representante de la fundación, discutiendo pagos, ajustes de contratos y hasta posibles nuevas asignaciones.
Uno de los apartes divulgados por la Fiscalía muestra cómo se pactaban condiciones que se alejarían del propósito real de los contratos. En los audios se menciona la distribución de recursos, la inclusión de familiares en las contrataciones y la modificación de tiempos laborales, como el caso de un médico que solo trabajaría ocho días pese a que el contrato establecía cuatro meses. Con este material, la Fiscalía insiste en que Petro habría utilizado los convenios para fines personales, razón por la cual solicitó al juez que se ordene su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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