La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales en ese país, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio de este año.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar, quien también atribuye al exmandatario presuntos delitos como atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a los servicios públicos.
Las investigaciones sostienen que las manifestaciones, respaldadas por sectores afines a Evo Morales, ocasionaron graves afectaciones en diferentes regiones de Bolivia. Durante siete semanas, los bloqueos de carreteras provocaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de millonarias pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, las protestas también dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido al cierre de las vías.
Evo Morales es acusado de terrorismo y alzamiento armado
La denuncia fue presentada inicialmente por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. En el proceso también aparecen vinculados otros líderes sindicales y campesinos señalados por su presunta participación en las movilizaciones.
Por su parte, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que nunca promovió la renuncia del presidente Rodrigo Paz, afirmando que las protestas buscaban únicamente que el Gobierno atendiera las demandas sociales. Sin embargo, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar con la orden de captura.
Esta no es la única causa judicial que enfrenta Evo Morales. Desde octubre de 2024 permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba para evitar el cumplimiento de otra orden de captura relacionada con un proceso por presunta trata agravada de personas, caso por el que ya fue declarado en rebeldía por la justicia boliviana.
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