En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de varias EPS intervenidas, en medio de la crisis del sistema de salud y los recientes bloqueos a la reforma en el Congreso.

La decisión fue anunciada el martes 17 de marzo y afectaría a cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale aproximadamente al 43% de la población del país. La medida se da en un contexto de creciente presión sobre el modelo de aseguramiento, marcado por problemas financieros, quejas de usuarios y fallas en la prestación de servicios.

Las EPS que serán liquidadas corresponden a entidades que ya estaban bajo intervención estatal debido a dificultades administrativas y económicas. Entre ellas se encuentran Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Estas organizaciones concentran una parte importante de los usuarios del sistema, lo que anticipa un proceso de transición complejo.

Futuro de las EPS tras decisión del Gobierno

El Gobierno Nacional explicó que la reorganización busca garantizar la atención de los pacientes y sanear las deudas acumuladas. Sin embargo, distintos sectores han manifestado preocupación por la capacidad institucional para absorber a millones de afiliados en un corto plazo.

En contraste, la Nueva EPS no será liquidada. Según el presidente, esta entidad pública será fortalecida y adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda. Además, el Estado asumirá directamente el pago de sus deudas a través de la Adres.

Aunque la Nueva EPS se perfila como el principal receptor de usuarios provenientes de las entidades liquidadas, expertos advierten que actualmente no cuenta con la infraestructura suficiente para responder a una eventual sobrecarga, lo que podría generar nuevas tensiones en el sistema de salud.