La Procuraduría General de la Nación lanzó un nuevo llamado de atención a Nueva EPS ante el incremento sostenido de quejas por la falta de distribución y dispensación de medicamentos en distintas regiones del país. La situación, que afecta a miles de usuarios, encendió las alarmas del Ministerio Público, que pidió medidas inmediatas y verificables para evitar que los tratamientos médicos sigan quedándose en pausa, como relojes sin cuerda.
El pronunciamiento se da luego de analizar la llamada “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, un plan presentado por Nueva EPS para responder a las dificultades surgidas durante el cambio de operador encargado del suministro de fármacos. Para la Procuraduría, aunque la iniciativa reconoce el problema, todavía presenta vacíos que podrían traducirse en nuevas interrupciones del servicio si no se corrigen a tiempo.
Tras la revisión del documento, el organismo de control solicitó ajustes urgentes en puntos considerados neurálgicos. Entre ellos están la claridad de los objetivos, la definición concreta de acciones por departamento, la identificación precisa de la población afectada, el modelo de atención propuesto y una matriz de riesgos que permita anticipar y mitigar fallas. Sin estos elementos afinados, advirtió la entidad, la estrategia podría quedarse en el papel y no llegar a los mostradores de farmacia donde los usuarios esperan.
Nueva EPS bajo la lupa de la Procuraduría por fallas en la dispensación
Desde la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se requirió a los funcionarios responsables informar de manera periódica sobre los avances y presentar los soportes de las acciones implementadas. El énfasis está puesto en la trazabilidad: saber qué se hizo, dónde, para quién y con qué resultados. La intención es evitar que la cadena de suministro vuelva a romperse y que los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, sean los más afectados.
La crisis en la entrega de medicamentos no es un tema menor. Para muchos afiliados de Nueva EPS, la falta de un fármaco puede significar el agravamiento de su condición de salud, visitas innecesarias a urgencias o incluso hospitalizaciones que se podrían prevenir. Por eso, la Procuraduría recordó que el acceso oportuno a los tratamientos hace parte del derecho fundamental a la salud y no puede depender de ajustes administrativos sin control.
En varias regiones del país, las quejas se repiten con un patrón similar: fórmulas represadas, farmacias sin inventario suficiente y usuarios obligados a recorrer varios puntos de dispensación sin éxito. Este panorama llevó al Ministerio Público a insistir en la necesidad de que Nueva EPS adopte un enfoque territorial, con soluciones diferenciadas según la capacidad logística y las particularidades de cada departamento.
Otro de los puntos señalados es la identificación clara de la población impactada. La Procuraduría pidió que se establezcan listados actualizados de pacientes en riesgo, priorizando a quienes requieren medicamentos de alto costo o tratamientos continuos. De esta manera, la estrategia podría actuar como un paraguas de emergencia que se despliega primero sobre quienes no pueden esperar.
El modelo de atención también está bajo la lupa. El organismo de control considera indispensable que se definan canales de comunicación efectivos con los usuarios, líneas de atención claras y mecanismos de seguimiento que permitan corregir fallas en tiempo real. Sin una retroalimentación constante, advirtió, cualquier plan corre el riesgo de volverse invisible para quienes más lo necesitan.
En su llamado, la Procuraduría fue enfática en que la transición del gestor farmacéutico no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos. Por el contrario, debe ser una oportunidad para fortalecer los procesos y recuperar la confianza de los afiliados de Nueva EPS, hoy golpeada por la percepción de incumplimiento y desorden.
Finalmente, el Ministerio Público dejó claro que hará seguimiento estricto a las medidas anunciadas y no descarta nuevas actuaciones si persisten las fallas. El mensaje es directo: la salud no admite pausas ni improvisaciones, y cada día sin medicamentos es un día en contra del bienestar de los pacientes.
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