La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en un proceso relacionado con la contratación de obras en la Troncal de la Paz, en Antioquia.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que evaluó las presuntas irregularidades en un contrato suscrito en diciembre de 2005, cuyo valor inicial era de $41.663 millones y que, después de varias modificaciones, llegó a cerca de $61.993 millones.
Durante el análisis del caso, la Corte Suprema encontró irregularidades objetivas en la inclusión de un puente sobre el río Nechí dentro del proyecto. Sin embargo, concluyó que estas circunstancias no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal del exmandatario.
Corte Suprema no encontró pruebas suficientes contra el exgobernador
Según la decisión, no se acreditó que Gaviria conociera las irregularidades contractuales ni que hubiera intervenido para propiciar su comisión. Por esta razón, el alto tribunal determinó que no existían elementos probatorios suficientes para condenarlo por los delitos investigados.
En relación con el presunto peculado por apropiación en favor de terceros, la Corte Suprema también estableció que no se demostró la apropiación de recursos públicos ni la existencia de un beneficio ilícito atribuible al exgobernador.
El proceso estaba relacionado con la ejecución de obras de infraestructura vial en la Troncal de la Paz, un proyecto que fue objeto de revisión judicial por las condiciones de contratación y las modificaciones realizadas durante su desarrollo.
La absolución significa que Gaviria no fue declarado penalmente responsable por los hechos examinados en este proceso. La decisión contó con una aclaración de voto de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa.
Con este pronunciamiento, la Corte Suprema resolvió el proceso en primera instancia, con base en las pruebas examinadas y en la ausencia de elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al exmandatario por los delitos imputados.
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