La Contraloría General de la República advirtió que el proceso de formalización minera en Colombia enfrenta importantes retos estructurales y requiere mayor ambición y coordinación entre las instituciones del Estado. Según el organismo de control, la ausencia de un censo actualizado —pues la última cifra oficial sobre minería informal data de 2011— dificulta dimensionar la magnitud del fenómeno y diseñar políticas efectivas para atenderlo.
Entre los principales desafíos identificados se encuentran la persistencia de la inseguridad en zonas mineras, los conflictos sociales, la falta de financiamiento para pequeños mineros y la limitada capacidad institucional para acompañar los procesos de legalización. Estos factores, de acuerdo con la Contraloría, han frenado los avances hacia una minería más responsable, sostenible y alineada con los estándares de legalidad.
No obstante, el informe destacó que entre 2019 y 2024 se han formalizado más de 28.200 mineros a través de mecanismos como los subcontratos, con una inversión superior a los $130.000 millones. Pese a este esfuerzo, el ente de control concluyó que aún falta un mayor nivel de articulación y compromiso para garantizar que la formalización minera sea una herramienta efectiva en la reducción de la ilegalidad y en el fortalecimiento económico del sector.
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