El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, mediante el cual el Gobierno Nacional había redefinido el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra. La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia de única instancia proferida el 12 de febrero de 2026
Sentencia que declara nulidad a la línea negra
El alto tribunal concluyó que el decreto fue expedido con vicios de legalidad, entre ellos, la falta de competencia del Ejecutivo para regular materias que inciden directamente en el ordenamiento territorial, la autonomía de las entidades territoriales y las funciones de autoridades ambientales y municipales, sin respaldo de una ley expedida por el Congreso de la República.
Según la sentencia, el acto administrativo otorgó a los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo facultades que excedían el marco constitucional y legal vigente, al conferirles un rol prevalente en decisiones sobre uso del suelo, gestión ambiental y proyectos de desarrollo en un amplio territorio que abarca municipios de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira.
El Consejo de Estado también advirtió que el Decreto 1500 fue expedido sin cumplir plenamente los estándares de consulta previa, al no incluir de manera adecuada a otras comunidades étnicas y afrodescendientes que habitan en el área de influencia de la Línea Negra, pese a que sus derechos territoriales y expectativas legítimas podían verse afectados.
Otro de los aspectos cuestionados fue la ausencia, al momento de la expedición del decreto, de la cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de insumos técnicos definitivos que permitieran delimitar con precisión el territorio ancestral.
La decisión de tumbar la línea negra indígena, reabre el debate nacional sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica en los territorios y la necesidad de armonizar la cosmovisión ancestral con el marco institucional del Estado colombiano, en concordancia con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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