
El Consejo de Estado suspendió este lunes, en Bogotá, la resolución que nombró al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno nacional, tras admitir las demandas presentadas por Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quienes cuestionaron la legalidad del acto administrativo.
La decisión corresponde a una medida cautelar mientras el alto tribunal estudia de fondo las solicitudes de nulidad contra la resolución expedida por el Gobierno. Los demandantes sostienen que el nombramiento carece de la debida motivación y que representa una posible revictimización para quienes sufrieron los crímenes atribuidos al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según los argumentos expuestos en las demandas, la designación de Mancuso desconoce principios jurídicos relacionados con la protección de las víctimas y presenta presuntas irregularidades en su expedición. Además, se cuestiona que el acto administrativo no establezca con precisión el tiempo de duración de la designación, el territorio donde ejercería sus funciones ni el alcance específico de su participación como gestor de paz.
Consejo de Estado acogió las demandas contra la resolución
El Consejo de Estado indicó que, aunque el presidente de la República tiene la facultad constitucional de dirigir los procesos de paz y adoptar medidas para promoverlos, el nombramiento de un gestor de paz debe fijar límites temporales, geográficos y funcionales que garanticen la protección de los derechos de las víctimas.
Asimismo, uno de los demandantes argumentó que Salvatore Mancuso no pertenece actualmente a un grupo armado organizado ni se demostró la influencia que tendría sobre las estructuras con las que el Gobierno busca avanzar en diálogos de paz.
Con esta decisión provisional, el Consejo de Estado mantiene suspendidos los efectos de la resolución mientras continúa el análisis jurídico del caso. Será el Consejo de Estado el encargado de determinar, mediante una decisión definitiva, si el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz se ajustó o no a la Constitución y a la ley.
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