Una denuncia del líder social César Ahumada puso bajo la lupa el proceso de venta de bienes del Municipio de Valledupar, tras advertir presuntas irregularidades en el procedimiento.
Ahumada solicitó el acompañamiento del abogado Jhon Díaz Carpio para revisar las condiciones en las que se adelantó el proceso identificado como SAEB-SGR-001-2026.
Tras analizar la documentación, Díaz Carpio expuso, a través de su cuenta de X, una serie de hallazgos que calificó como preliminares y que, según manifestó, requieren respuestas de las autoridades competentes.
De acuerdo con lo expuesto por el abogado, 33 bienes del Municipio, entre ellos una excavadora, una motoniveladora, una retroexcavadora, un vibrocompactador, camionetas Toyota y Nissan y 15 motocicletas, habrían sido vendidos por aproximadamente 31 millones de pesos, pese a que el avalúo les asignaba un valor de referencia cercano a los 3.072 millones de pesos.
Según Díaz Carpio, el proceso habría establecido como precio base el 1 % del valor de referencia señalado en el avalúo.
Uno de los casos que llamó su atención corresponde a una Toyota Prado modelo 2013 que, según las fotografías incluidas en el propio avalúo, se encontraba completa y habría sido vendida por 2 millones 500 mil pesos.
El abogado aseguró que, de acuerdo con la guía de precios de Fasecolda citada en su pronunciamiento, una Toyota Prado de ese modelo tendría un valor de referencia entre 126 y 184 millones de pesos. A partir de esta comparación, cuestionó que el vehículo hubiera sido incluido dentro de una venta bajo la condición de chatarra.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el valor asignado a los bienes. Según explicó Díaz Carpio, el avaluador habría establecido en cero el “valor comercial” de los 33 elementos y habría advertido que el 1 % utilizado como precio base no correspondía a un valor de mercado ni de chatarra. Pese a ello, ese porcentaje habría sido utilizado como base para la venta.
Además, afirmó que, según una estimación realizada durante su análisis, solamente el valor del metal de la maquinaria sería superior al monto total pagado por los 33 bienes.
El abogado también cuestionó las condiciones de participación en el proceso. Según indicó, solo habría participado un oferente y ninguna persona habría asistido a la visita de los bienes.
Asimismo, señaló que la Alcaldía habría respondido inicialmente por escrito que la visita sería un requisito habilitante. Sin embargo, una hora después habría publicado un pliego de condiciones en el que la visita pasó a ser voluntaria.
Bienes municipales y las dudas sobre el valor de venta
Díaz Carpio manifestó que, bajo la condición inicialmente anunciada, el único proponente no habría cumplido con ese requisito para ser habilitado.
El análisis también plantea interrogantes sobre la condición que limitó la participación a microempresas del Cesar, dejando por fuera a posibles interesados de otras regiones. Según el abogado, esta condición habría sido solicitada por quien finalmente resultó adjudicatario del proceso.
A esto se suma un cuestionamiento relacionado con el registro mercantil de la empresa. Díaz Carpio señaló que este reportaría cero ingresos, pese a que la compañía habría acreditado experiencia y posteriormente habría pagado los 31 millones de pesos correspondientes a la adquisición de los bienes.
Otro de los aspectos observados está relacionado con la autorización del Concejo de Valledupar. De acuerdo con lo expuesto por el abogado, el Concejo habría autorizado la venta casi un mes después de que el proceso ya había sido adjudicado.
El contrato, por su parte, presentaría otras posibles inconsistencias, entre ellas una placa repetida, la ausencia de la Toyota Prado y campos pendientes por definir, como el supervisor y el plazo para el pago.
Díaz Carpio también llamó la atención sobre el nombre de la cuenta que habría recibido el dinero, identificada como “Chatarrización 2025”.
Los señalamientos corresponden a un análisis preliminar del proceso. El abogado manifestó que no se trata de acusaciones, sino de cuestionamientos frente a los cuales solicitan respuestas, y anunció que estos hallazgos serían puestos en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
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