La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado formal a los alcaldes y alcaldesas del departamento del Cesar para que refuercen de manera inmediata las acciones administrativas orientadas a regular, controlar y vigilar la publicidad política instalada en sus respectivos municipios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad vigente durante el actual proceso político y electoral.
Según explicó el organismo de control, esta solicitud se enmarca dentro de su función preventiva y disciplinaria, la cual busca evitar posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido del espacio público y el favorecimiento de determinados actores políticos a través de la publicidad política. La Procuraduría recordó que la correcta regulación de este tipo de propaganda es fundamental para asegurar condiciones de equidad, transparencia y legalidad en la contienda electoral.
En ese contexto, la entidad reiteró a los mandatarios locales la obligación de acatar las directrices establecidas en la Circular 011 de 2025, documento emitido por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, mediante el cual se ordena una revisión rigurosa del uso del espacio público en todo el territorio nacional. Dicha circular establece lineamientos claros sobre la instalación, permanencia y retiro de publicidad política, así como sobre los mecanismos de control que deben implementar las administraciones municipales.
La Procuraduría enfatizó que los alcaldes, como primeras autoridades de policía en sus municipios, tienen la responsabilidad directa de vigilar que la publicidad política no vulnere las normas urbanísticas, ambientales o de convivencia ciudadana. Esto incluye evitar la fijación de avisos, vallas, pasacalles o pendones en lugares prohibidos, como postes de energía, semáforos, árboles, puentes, bienes de interés cultural y fachadas de edificaciones públicas.
Además, el Ministerio Público advirtió que la instalación irregular de publicidad política no solo afecta la estética urbana y el orden público, sino que también puede generar ventajas indebidas en favor de ciertos candidatos o movimientos, lo cual atenta contra el principio de igualdad que debe regir los procesos democráticos. Por esta razón, insistió en la necesidad de adoptar medidas oportunas y eficaces para prevenir, corregir y sancionar este tipo de conductas.
En su pronunciamiento, La Procuraduría señaló que la vigilancia de la publicidad política debe realizarse de manera permanente y no únicamente en momentos cercanos a las elecciones. Para ello, recomendó a las alcaldías fortalecer los equipos de inspección, articular acciones con las personerías municipales y establecer canales de comunicación claros con los partidos y campañas políticas, a fin de socializar las reglas y evitar incumplimientos por desconocimiento.
Otro de los aspectos resaltados por el organismo de control fue la protección de los recursos públicos. Según explicó, el uso indebido del espacio público para publicidad política puede derivar en costos adicionales para los municipios, especialmente cuando es necesario retirar propaganda instalada de forma irregular o reparar daños ocasionados a bienes públicos. En ese sentido, La Procuraduría recordó que estos gastos no deben ser asumidos por las administraciones locales, sino por los responsables de la infracción.
Publicidad política y equidad en el proceso electoral del cesar
La entidad también subrayó que una adecuada regulación de la publicidad política contribuye a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos el derecho a un ambiente sano, a la movilidad segura y a recibir información política en condiciones de pluralismo y equilibrio. Una saturación de propaganda o su ubicación en lugares inadecuados puede generar riesgos para peatones y conductores, además de afectar la percepción de imparcialidad institucional.
Como parte del seguimiento a esta directriz, La Procuraduría General de la Nación solicitó a los alcaldes del Cesar remitir un informe detallado, verificable y documentado en el que se evidencien las decisiones administrativas y las actuaciones implementadas para regular la publicidad política en cada municipio. Estos informes deberán incluir, entre otros aspectos, los actos administrativos expedidos, los operativos de control realizados y las medidas correctivas adoptadas.
Finalmente, el Ministerio Público advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a investigaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables, reiterando que la vigilancia de la publicidad política es un deber legal y no una facultad discrecional. Con este llamado, La Procuraduría busca fortalecer la transparencia del proceso electoral en el Cesar y garantizar que la competencia política se desarrolle bajo reglas claras, justas y respetuosas del orden jurídico.
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