La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., por presuntas irregularidades en la administración, supervisión y operación de una aeronave ambulancia de propiedad del departamento, en Arauca.
Los investigados son Carlos Alberto Sánchez Arango, exdirector del centro hospitalario, y Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes se desempeñaron como subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.
Investigan posibles fallas en la supervisión contractual
El convenio tenía como objetivo garantizar el servicio de transporte aéreo medicalizado para trasladar pacientes desde el Hospital San Vicente de Arauca hacia instituciones de mediana y alta complejidad en distintas regiones del país.
La investigación busca establecer si durante las vigencias 2024 y 2025 se presentaron posibles omisiones en las labores de supervisión, seguimiento y control del contrato, así como inconsistencias entre los registros de operación de la aeronave y los documentos contractuales.
Además, la Procuraduría analiza si existieron deficiencias en la protección de los recursos públicos destinados a garantizar este servicio de transporte sanitario.
Revisarán vuelos, pagos y documentos
Como parte de las actuaciones, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas al hospital y a otras entidades para verificar la ejecución del convenio y esclarecer el manejo de los recursos comprometidos.
Entre los documentos que serán examinados están los informes de supervisión, las facturas, los registros de vuelos, los pagos efectuados, las garantías, las pólizas y las modificaciones contractuales. También se revisarán las condiciones de operación de la aeronave identificada con matrícula HK-5118.
La Procuraduría busca determinar si las actuaciones de los investigados constituyen faltas disciplinarias y establecer las posibles responsabilidades individuales.
Por ahora, la apertura de la investigación no significa que los implicados sean responsables de las presuntas irregularidades. El proceso deberá avanzar con la práctica y valoración de las pruebas correspondientes.
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