La Fiscalía evalúa declarar crimen de lesa humanidad el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el sector de Modelia, occidente de Bogotá, con el objetivo de garantizar que las investigaciones continúen hasta identificar a todos los responsables, especialmente a los autores intelectuales.
La propuesta de la Fiscalía, busca evitar que el paso del tiempo impida esclarecer el crimen. Según la información conocida sobre el proceso, nueve personas han sido capturadas y se han logrado siete condenas, aunque todavía quedan interrogantes sobre quién ordenó el atentado y quiénes participaron en su planeación.
Fiscalía investiga los vínculos con la Segunda Marquetalia
Las autoridades establecieron que la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia habría suministrado los recursos para ejecutar el asesinato. La declaración de Simeón Pérez, alias El Viejo, habría sido clave para conocer la presunta participación de esa organización y una posible conexión con órdenes impartidas desde Venezuela.
Entre los implicados figura Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi Chipi, señalado de coordinar aspectos del ataque y quien habría llegado a un preacuerdo con una pena de 26 años de prisión. También fueron condenados William Fernando González, alias El Hermano, y Katherine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, ambos a 21 años de cárcel.
Por su parte, Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco, también recibió una condena. Otros procesados, como Harold Daniel Barragán, Cristian Camilo González y David Mora, aparecen vinculados al expediente, aunque su situación judicial debe distinguirse según las decisiones adoptadas en cada caso.
El atentado fue perpetrado por un menor de edad, identificado como alias Tianz, quien disparó contra Uribe durante un encuentro con ciudadanos. El político permaneció hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, hasta su fallecimiento el 11 de agosto de 2025, a los 39 años.
La eventual declaratoria de lesa humanidad permitiría mantener abierta la investigación sin que opere la prescripción, conforme al marco jurídico aplicable. La Fiscalía busca esclarecer quién ordenó el magnicidio y determinar si existen más responsables.
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