Por: Ubaldo Anaya Flórez
La Primera División del Ejército ha tomado una muy buena decisión para prohibir el porte de armas de fuego y traumáticas hasta el 31 de diciembre de este año.
Eso está bien porque hay que evitar que el monopolio de las armas, que tiene la Fuerza Pública, quede en manos de los ciudadanos que podrían tomar justicia por su propia cuenta.
La medida servirá para judicializar a quienes porten las armas y realizar operativos que garanticen la seguridad ciudadana
Pero… ¡Siempre hay un pero!
Y el pero es que la medida de la Primera División, que tiene jurisdicción en parte del Cesar y La Guajira, ordena desarmar a los civiles que portan sus armas de manera legal, amparados en documentos expedidos por el mismo Ejército, los cuales se entregan después de hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes de quien lo solicita.
Lo que realmente necesitan Valledupar y toda la región es que se ataque a la delincuencia, que se decomisen las armas a los delincuentes, que se controle el alquiler de armas para cometer delitos y que la medida sea eficaz para atacar el verdadero mal que nos carcome: la inseguridad ciudadana.
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Es cierto, se necesita de un instrumento legal para proceder a decomisar las armas, sin importar quien las porte, pero que esos operativos vayan encaminados verdaderamente contra los delincuentes y no contra los ciudadanos de bien.
Ahora no me digan que es que estoy de acuerdo con el porte de armas. No estoy de acuerdo con que la gente se arme porque para eso la Constitución dice que el Estado garantizará la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
Lo que quiero dejar en esta reflexión es que se ataque a la delincuencia, sea cual fuere y que se garantice que los ciudadanos y los campesinos se puedan mover en sus territorios sin el miedo a ser atacados con esas armas que no tienen control.
Es fácil expedir un acto administrativo para prohibir el porte de armas. Ahora, háganlo cumplir, pero contra quienes nos están afectando.
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