Este miércoles en Valledupar, las empresas Gases del Caribe, ESTIV, Emdupar y Afinia firmaron la alianza estratégica “Unidos por la Legalidad”, un acuerdo que busca combatir el hurto de servicios públicos, la defraudación de fluidos y otras prácticas ilegales que afectan a los usuarios en el Cesar. La iniciativa, respaldada por autoridades judiciales y policiales del departamento, establece acciones conjuntas de control, prevención y judicialización para proteger la infraestructura, garantizar la prestación eficiente de los servicios y fortalecer la cultura de legalidad en la región.
«Unidos por la Legalidad»: firman alianza contra el hurto de servicios. Representantes de las empresas Gases del Caribe, ESTIV, Emdupar y Afinia suscribieron este miércoles el acuerdo “Unidos por la Legalidad”, una alianza estratégica para combatir el hurto, la defraudación de fluidos y otras prácticas ilegales que afectan la prestación de los servicios públicos en Valledupar y el Cesar. La firma contó con el respaldo de las autoridades judiciales y policiales del departamento.
En el acto participaron Ricardo José Arango Restrepo, gerente general de Afinia; José Luis Palomino López, agente especial de Emdupar; Alfonso Orozco Ovalle, gerente zonal de Gases del Caribe; y Ricardo Henríquez Salas, gerente de ESTIV, quienes destacaron la importancia de la articulación institucional. También hicieron presencia el coronel Alex Uriel Durán Santo, comandante de la Policía Metropolitana; el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar; y Ronald Calderón, director seccional de Fiscalía en Cesar, reafirmando el compromiso de las autoridades y entidades de servicios públicos con el trabajo conjunto, la seguridad y el fortalecimiento de las acciones en beneficio de la comunidad.
Como parte del compromiso, ya se iniciaron jornadas de socialización con la Fiscalía y la Policía Nacional, con el fin de articular acciones frente a estos delitos. Las empresas alertaron sobre el impacto del fraude, que solo en energía eléctrica genera pérdidas superiores a los 159 mil millones de pesos mensuales. La alianza busca, además, fomentar la cultura de la legalidad, optimizar recursos y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.
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