El sindicato SINDISALUD-ASMET envió una carta pública a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, el 19 de octubre de 2026 en Colombia, para solicitar una intervención urgente del Gobierno Nacional ante la crisis financiera y operativa que atraviesa Asmet Salud EPS.
En el documento, dirigido también a diferentes entidades del Estado, la organización sindical advierte sobre las consecuencias de los embargos que afectan los recursos de la EPS, los retrasos en el pago de salarios y las dificultades operativas que, según señala, generan preocupación por la continuidad de los servicios de salud y la estabilidad laboral de los trabajadores.
¿Qué le pidió SINDISALUD-ASMET a Abelardo de la Espriella?
A través de la carta, SINDISALUD-ASMET hizo un llamado para que se articulen las instituciones competentes y se adopten medidas concretas frente a la situación de Asmet Salud. Entre sus solicitudes está la instalación urgente de una mesa interinstitucional con participación del Gobierno, organismos de control y representantes sindicales.
Asimismo, pidió una revisión jurídica integral de los embargos, un informe público sobre los resultados de los aproximadamente tres años de intervención administrativa de la EPS y un plan de continuidad operativa que permita atender los riesgos identificados y las obligaciones laborales pendientes.
Sindicato advierte riesgos para usuarios y trabajadores
La organización sostiene que la crisis no puede analizarse únicamente desde el punto de vista financiero, pues también compromete la atención de los pacientes y las condiciones laborales de quienes mantienen la operación de la entidad.
En la comunicación, el sindicato anunció jornadas de protesta pacífica para el 19 de octubre e invitó a organizaciones sociales, asociaciones de usuarios y ciudadanía a respaldar su llamado.
SINDISALUD-ASMET insistió en que las autoridades deben responder oportunamente y presentar resultados verificables frente a las dificultades denunciadas. La carta busca que las solicitudes se traduzcan en decisiones institucionales para proteger el derecho a la salud y evitar que la crisis continúe agravándose.
El documento no confirma que las autoridades hayan respondido o adoptado nuevas medidas frente a las peticiones.
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