La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones a 12 exintegrantes del Batallón La Popa de Valledupar, tras responsabilizarlos de 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate durante el conflicto armado. La decisión fue anunciada este martes por la Sección de Reconocimiento de Verdad, que además reveló dos patrones criminales: homicidios cometidos en alianza con paramilitares y ejecuciones de civiles fuera de combate para inflar las cifras oficiales.
En un acto simbólico, la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta del Tribunal para la Paz, depositó la extensa sentencia en una mochila arhuaca, símbolo del pueblo Wiwa, una de las comunidades víctimas del subcaso Costa Caribe del Caso 03. “Han aportado verdad y se han comprometido en la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes”, señaló Ochoa durante la diligencia.
Los exmilitares recibieron sanciones no privativas de libertad de entre cinco y ocho años, en cumplimiento del acuerdo de paz de 2016. La pena más alta, de ocho años, recayó en Guillermo Gutiérrez Riveros, Manuel Valentín Padilla Espitia y Eduart Gustavo Álvarez Mejía, mientras que los demás comparecientes cumplirán periodos diferenciados de acuerdo con sus responsabilidades y el tiempo de cárcel ya pagado en la justicia ordinaria. Estas sanciones implican restricciones de residencia y horarios, bajo vigilancia de la Sección.
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Como parte de la reparación, la JEP ordenó a los exmilitares trabajar en seis proyectos restaurativos en la Costa Caribe, entre ellos un mausoleo de memoria con 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, un centro cultural para el pueblo Wiwa, y la construcción de un centro de armonización para el pueblo Kankuamo. También participarán en iniciativas productivas, casas multipropósito para víctimas y la creación de la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero, en las que deberán aportar mano de obra, apoyo logístico y labores de memoria junto con las comunidades afectadas.
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