Ante una marcada controversia jurídica entre el poder ejecutivo y legislativo sobre la convocatoria a la consulta popular nacional fijada para el 7 de agosto de 2025, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha tomado la decisión de dejar en manos de las altas cortes el futuro de este proceso. Penagos enfatizó que no solo está en juego la consulta, sino el orden institucional del país y la democracia misma. En ese sentido, la Registraduría, en su rol de entidad autónoma e independiente, solicitará un concepto al Consejo de Estado, remitirá copias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General, y pedirá a las altas cortes que se pronuncien con agilidad sobre las demandas interpuestas.
El registrador Penagos recalcó la autonomía de la Registraduría Nacional del Estado Civil, enfatizando que no tiene un superior funcional y actúa como un órgano neutro para garantizar la integridad de los procesos electorales. Sin embargo, advirtió sobre las graves implicaciones logísticas y económicas de la consulta, cuyo presupuesto estimado ronda los 750.000 millones de pesos. Subrayó que, de ser ordenada por las cortes, la Registraduría requiere un mínimo de tres meses para su organización, un plazo que no se cumple si la fecha se mantiene, ya que actualmente solo restan aproximadamente 53 días para la convocatoria.
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Finalmente, Penagos alertó sobre los riesgos de una decisión precipitada, que podrían incluir un detrimento patrimonial considerable y una ruptura del orden institucional en Colombia debido al enfrentamiento entre las ramas del poder público. Instó a esperar la decisión de las altas cortes, quienes, a su juicio, deben ser las que «le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país», garantizando así la seguridad jurídica y el respeto al principio de separación de poderes.
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