La Procuraduría General ha revisado y modificado la sanción impuesta al excontralor de Valledupar, Álvaro Castilla, en relación con su salida del país en el año 2017 sin la autorización correspondiente del Concejo Municipal.
Esta decisión surge tras un proceso disciplinario que inició con una queja presentada por el ciudadano Luis Ahumada el 2 de enero de 2017.
Inicialmente, Castilla fue sancionado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, siendo confirmada esta decisión en segunda instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico.
La falta disciplinaria se fundamentó en el abandono del cargo durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, sin justificación alguna y sin contar con el permiso necesario del Concejo de Valledupar.
El fallo de segunda instancia confirmó parcialmente la sanción impuesta, declarando probado y no desvirtuado el cargo único formulado contra Castilla. Sin embargo, tras apelar esta decisión, la Procuraduría General ha reducido la sanción de inhabilidad de 9 años a solamente 2 meses.
El abogado de Castilla ha argumentado en diversas ocasiones que el Concejo Municipal no posee la autoridad para otorgar o negar permisos al contralor municipal, ya que no es su superior jerárquico. Este argumento ha sido clave en la revisión del caso y en la reducción de la sanción.
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