Una nueva denuncia ciudadana volvió a encender las alarmas sobre una intervención irregular en el cauce del río Guatapurí, a la altura del balneario Hurtado, en Valledupar; una situación que ha sido advertida desde hace varios años sin que hasta ahora exista claridad sobre su legalidad.
El jueves reciente, RTA Noticias recibió un video en el que se observa a tres hombres acomodando piedras y utilizando bolsas plásticas de color negro para darle forma a un desvío del cauce del río Guatapurí, uno de los principales afluentes del departamento del Cesar y símbolo ambiental de la región.
Las imágenes evidencian una intervención directa sobre el lecho del río, realizada de manera artesanal pero persistente, sin señalización, sin maquinaria institucional visible y, sobre todo, sin información pública que indique si existe autorización ambiental para estas obras.
Una denuncia que no es nueva
La situación no es aislada ni reciente. Desde el año 2018, ciudadanos, líderes ambientales y distintos medios de comunicación han denunciado alteraciones en el curso natural del río Guatapurí, especialmente en el sector del balneario Hurtado.
Pese a la reiteración de las alertas, no se conocen respuestas contundentes ni actuaciones públicas claras que expliquen si estas intervenciones están permitidas o si, por el contrario, se trata de obras ilegales sobre un bien de uso público.
¿A quién benefician los desvíos en Hurtado?
De acuerdo con versiones ciudadanas, estos desvíos favorecerían a predios de fincas privadas cercanas al río, que presuntamente se estarían abasteciendo del agua del Guatapurí mediante acequias y canales improvisados, utilizados como sistemas de riego para cultivos de la región.
De confirmarse, se estaría ante un posible uso irregular del recurso hídrico, con impactos ambientales, sociales y legales, en detrimento de un río que pertenece a todos.
Un fallo judicial que ordenó actuar
Las denuncias ciudadanas cuentan, además, con respaldo judicial.
En el año 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar, en fallo de primera instancia, le dio la razón a la ciudadanía que denunciaba afectaciones al río Guatapurí y ordenó de manera expresa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) ejercer su función de control y vigilancia.
En el numeral octavo de la sentencia, el Tribunal ordenó:
“Continuar con su función de control y vigilancia, garantizando la reducción de los efectos contaminantes (…), así como el control efectivo del desvío de las aguas a través de acequias (…) y, de ser necesario, imponer las sanciones pertinentes contra las personas, entidades y autoridades responsables”.
El fallo es claro: CORPOCESAR debe controlar, vigilar y sancionar cualquier desvío que afecte la cuenca del río Guatapurí y los cuerpos de agua asociados.
La contradicción: la orden existe, el desvío continúa
A pesar de esta orden judicial vigente desde hace más de tres años, el cauce del río en el balneario Hurtado sigue siendo intervenido. Las denuncias no solo continuaron después del fallo, sino que se mantienen hasta hoy, respaldadas ahora por nuevas evidencias audiovisuales.
Esto deja al descubierto una contradicción que preocupa a la ciudadanía en general: CORPOCESAR estaría haciendo caso omiso a su deber de vigilancia.
Silencio institucional y preguntas sin respuesta
Hasta el momento, no se conocen públicamente sanciones ejemplares impuestas ni restituciones definitivas del cauce; no hay sellamientos permanentes de acequias ni, mucho menos, informes claros de control ambiental en Hurtado.
Lo anterior plantea interrogantes que siguen sin respuesta:
¿Quién autorizó el desvío del cauce del río Guatapurí en el balneario Hurtado?
¿Existen permisos ambientales vigentes para estas intervenciones?
¿Qué acciones concretas ha tomado CORPOCESAR desde el fallo de 2021?
¿Quién responde por los posibles daños ambientales?
¿Se está incumpliendo una orden judicial?
El río Guatapurí no es solo un atractivo turístico. Es una fuente hídrica estratégica, un patrimonio natural y un bien colectivo. Su protección no puede depender del silencio ni de la omisión institucional.
La ciudadanía exige respuestas claras, acciones visibles y cumplimiento de la ley.
Porque mientras el cauce del río Guatapurí en el balneario Hurtado sigue siendo desviado, la pregunta sigue fluyendo con la misma fuerza que el río: ¿CORPOCESAR realmente está ejerciendo vigilancia sobre quienes se aprovechan del río Guatapurí?
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