
Como por arte de magia, Angélica María Olarte Becerra pasó de ser contralora municipal de Valledupar, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre, a asumir un nuevo rol en la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar. El movimiento, que se dio en tiempo récord, ha generado múltiples lecturas políticas y administrativas en el departamento, especialmente por la cercanía de la funcionaria con el senador José Alfredo Gnecco.
Olarte Becerra reemplaza en el cargo a Miguel Rocha y llega a una dependencia clave de la Procuraduría, encargada de adelantar investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos. Su nombramiento se oficializó el pasado miércoles 4 de febrero en horas de la mañana, cuando tomó posesión ante el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, en un acto que pasó desapercibido para la opinión pública, pero no para los sectores políticos locales.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que la excontralora no podrá conocer ni investigar actuaciones relacionadas con su gestión anterior. Cualquier queja disciplinaria o actuación fiscal derivada de su paso por la Contraloría Municipal que llegue a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar deberá ser reasignada, pues Olarte Becerra estaría obligada a declararse impedida, tal como lo ordena la ley.
Procuraduría Regional del Cesar bajo la lupa por nuevo nombramiento
Este escenario ha despertado cuestionamientos sobre si se trata de una simple coincidencia administrativa o de una clásica “puerta giratoria” dentro de las instituciones de control. Para algunos analistas, el aterrizaje de Olarte en la Procuraduría representa un posible blindaje a su gestión como contralora, al menos en el plano simbólico, en una región donde las relaciones políticas pesan tanto como los méritos técnicos.
A ello se suma un dato político relevante: Angélica María Olarte recientemente apareció en redes sociales como jefe de campaña de José Alfredo Gnecco en su aspiración al Senado, un vínculo que hoy alimenta suspicacias sobre la influencia del clan Gnecco en los movimientos internos de la Procuraduría en el Cesar. Aunque no existe una denuncia de los entes que vigilan estas acciones, el contexto no pasa inadvertido.
Desde sectores ciudadanos y veedurías se insiste en la necesidad de que la Procuraduría actúe con total independencia y transparencia, más aún cuando se trata de funcionarios que provienen de cargos con alto impacto fiscal y disciplinario. La credibilidad de la entidad, señalan, depende de que estos nombramientos no se perciban como premios políticos. Por ahora, Angélica María Olarte inicia una nueva etapa profesional en la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, en medio de un ambiente de expectativa y cuestionamientos. Su desempeño y las decisiones que adopte serán observadas con lupa, en un departamento acostumbrado a que el poder político y los organismos de control se crucen en una delgada línea
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