La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 19 concejales de Valledupar dentro de una investigación disciplinaria relacionada con un presunto incremento patrimonial injustificado durante las vigencias 2022 y entre enero y julio de 2023.
La decisión fue adoptada mediante auto fechado el 28 de abril de 2026 por la Viceprocuradora General ad hoc.
Los investigados son Rodrigo Andrés Álvarez Yanguas, Jorge Luis Arzuaga Martínez, Guido Andrés Castilla González, Ronald Harvey Castillejo De La Hoz, Jorge Armando Daza Lobo, Omar Alfredo Ditta Daza, Luis Manuel Fernández Arzuaga, José Eduardo Gnecco Zuleta, Joserth José Gómez Contreras, Thelma Gómez Strauch, Manuel Gutiérrez Pretel, Wilber Antonio Hinojosa Borrego, Pedro Manuel Loperena, Cesar de Jesús Maestre Monterrosa, Mariam Muvdi Vega, Eudes José Orozco Ortiz, Jorge Andrés Pana Ramos, Jorge Luis Pérez Peralta y Luis Fernando Quintero Calderón.
Según la Procuraduría, la conducta fue calificada provisionalmente como una falta disciplinaria gravísima a título de dolo, al considerar que existirían elementos que evidenciarían un incremento patrimonial injustificado por parte de los cabildantes.
La investigación tuvo origen en enero de 2023 tras una publicación en redes sociales atribuida al usuario Gustavo Cabas, en la que se afirmaba que algunos concejales habrían recibido “300 millones a cada concejal por 2 concesiones”, en referencia a proyectos relacionados con concesiones de tránsito y alumbrado público impulsados por la administración municipal de la época.
Procuraduría abre juicio disciplinario contra concejales
Posteriormente, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una indagación previa y luego formalizó la investigación disciplinaria contra los integrantes del Concejo de Valledupar.
El proceso atravesó varias etapas administrativas y jurídicas, incluyendo impedimentos presentados tanto por el Procurador Regional de Instrucción del Cesar como por el Viceprocurador General de la Nación, situación que llevó a la designación de una Viceprocuradora General ad hoc para asumir el conocimiento del expediente.
En septiembre de 2025 se ordenó el cierre de la investigación y se otorgó traslado a los disciplinables para presentar alegatos previos a la evaluación final. De acuerdo con la constancia secretarial incluida en el expediente, únicamente la concejal Thelma Gómez Strauch presentó alegatos precalificatorios dentro del término legal.
Con la formulación del pliego de cargos, el expediente pasará ahora a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, instancia encargada de adelantar la etapa de juzgamiento y definir si existen méritos para imponer sanciones disciplinarias.
La Procuraduría aclaró que esta decisión no constituye una sanción definitiva ni implica responsabilidad disciplinaria en firme, sino una actuación procesal mediante la cual se formalizan los cargos para garantizar el derecho de defensa y contradicción de los investigados.
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