Demandan ante el Consejo de Estado el nombramiento de la nueva superintendente de Industria y Comercio
La nueva superintendente de Industria y Comercio, María Rocío Cortés, enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado por dudas sobre el cumplimiento del requisito de experiencia profesional relacionada exigido para ocupar el cargo.
La acción judicial fue presentada recientemente ante el alto tribunal, en Bogotá, y cuestiona la forma en que fue acreditada y valorada la trayectoria profesional de la funcionaria, quien acumula más de 24 años de experiencia en diferentes entidades públicas.
Según el demandante, no está demostrado cuántos meses de esa trayectoria fueron considerados como experiencia profesional relacionada con las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ni cuál fue la comparación funcional utilizada por la autoridad nominadora para determinar que cumplía con el requisito.
María Rocío Cortés es abogada y cuenta con especializaciones en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. En su trayectoria aparecen cargos en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Rama Judicial.
Entre los cargos registrados se encuentran los de directora seccional administrativa y financiera de la Fiscalía, directora seccional de Fiscalías, fiscal delegada ante Tribunal, procuradora judicial en materia penal, magistrada y magistrada auxiliar, además de funciones jurídicas y directivas en organismos electorales.
El caso también tiene como contexto el Decreto 226 de 2026, expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro, que modificó algunos requisitos para estos cargos.
Cuestionan la experiencia de María Rocío Cortés para la SIC
El demandante sostiene que, aunque la reforma flexibilizó determinados aspectos del régimen anterior, la experiencia y la idoneidad profesional continúan siendo requisitos que deben acreditarse.
Ahora, será el Consejo de Estado el encargado de estudiar los argumentos de la demanda y determinar si existen razones jurídicas para cuestionar la legalidad del nombramiento de María Rocío Cortés.
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