La araucana Lina María Garrido asumió este jueves, en Bogotá, como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tras formalizar su posesión ante el Gobierno nacional, en un cambio que pone al frente de la entidad a una exrepresentante a la Cámara con experiencia política en el departamento de Arauca.
Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Su trayectoria pública incluye su paso por el Concejo de Arauca entre 2015 y 2019 y su elección como representante a la Cámara para el periodo 2022-2026.
Desde la dirección de la ANT, uno de los principales retos será fortalecer la política de acceso y formalización de tierras, con especial atención a las comunidades campesinas. La entidad tiene entre sus responsabilidades avanzar en la seguridad jurídica de la propiedad rural y en los procesos relacionados con el ordenamiento y acceso a la tierra.
Durante su posesión, Lina María Garrido la nueva directora aseguró que asumirá el cargo con carácter, transparencia y gestión. También señaló que combatir la corrupción será una prioridad de su administración y planteó como horizonte la construcción de un “país de propietarios”.
Lina María Garrido anuncia lucha contra la corrupción
El nombramiento de Lina María Garrido se produce en un momento en el que la política de tierras ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno nacional, especialmente por los desafíos que persisten en materia de formalización de predios y acceso equitativo a la propiedad rural.
Con su llegada a la ANT, la funcionaria araucana tendrá ahora la responsabilidad de convertir sus anuncios en acciones concretas y fortalecer la confianza en los procesos de la entidad. Su gestión será seguida de cerca por organizaciones campesinas, autoridades territoriales y sectores vinculados al campo colombiano, en medio de las expectativas por una gestión que priorice resultados, transparencia institucional y soluciones para quienes buscan acceder legalmente a la tierra y mayor seguridad jurídica en las zonas rurales del país. El desafío incluye agilizar trámites, proteger derechos y garantizar procesos para los propietarios rurales.
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