La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Salud, encendió las alarmas sobre la gestión financiera y administrativa de la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPS Indígena, tras una auditoría de cumplimiento realizada para la vigencia 2024. El balance no pudo ser más preocupante: 46 hallazgos administrativos, 33 de ellos con incidencia fiscal, que comprometen recursos por $5.196 millones.
El informe evidenció irregularidades graves en el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación de servicios de salud. Entre los hallazgos más reiterados se cuentan facturación indebida de servicios, inconsistencias contables, legalizaciones tardías de anticipos y pagos sin soporte adecuado, prácticas que ponen en riesgo la transparencia de la EPS y, sobre todo, el derecho a la salud de miles de afiliados.
Contratos bajo la lupa
Durante 2024, la EPS indígena suscribió contratos por más de $64.509 millones con distintas asociaciones. Sin embargo, la Contraloría detectó serias deficiencias en la ejecución y liquidación de varios de ellos.
Uno de los casos más preocupantes corresponde a un contrato por $2.126 millones destinado al fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI). La investigación determinó que $850.495.476 del anticipo —equivalente al 40% del valor total— no fue amortizado, lo que derivó en el incumplimiento de 387 actividades y 33 entregables pactados. En términos simples: dinero entregado sin resultados tangibles.
Menos cobertura, más dudas
El panorama se complica aún más con la reducción en la cobertura de la EPS tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que en diciembre de 2024 revocó parcialmente la habilitación de la AIC.
La entidad pasó de atender 509.267 usuarios en el régimen subsidiado y 30.151 en el contributivo a 308.105 y 19.933 afiliados respectivamente. En cifras, esto significa una pérdida de 211.380 usuarios, que quedaron a la deriva en medio de un sistema de salud cada vez más cuestionado.
Un llamado urgente
El informe de la Contraloría no solo deja en evidencia la fragilidad administrativa de la EPS indígena, sino que también cuestiona la capacidad del sistema para garantizar atención digna y oportuna a las comunidades que más dependen de estos servicios.
La entidad de control fue clara en su llamado: la AIC EPS debe mejorar su gestión financiera, fortalecer la planeación contractual y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. De lo contrario, el futuro del sistema de salud indígena podría estar en juego, con consecuencias directas para miles de familias que hoy enfrentan un limbo en la garantía de sus derechos.
El caso de la AIC EPS es un ejemplo más de cómo la falta de control y la mala administración golpean de frente a la salud pública. Los recursos están, pero el manejo irregular los convierte en humo mientras los pacientes siguen esperando.
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