A través de un comunicado, el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que comprometerían recursos públicos por más de 370.000 millones de pesos.
En el documento, el Gobierno electo indicó que las denuncias hacen parte del consolidado elaborado por el Grupo Élite del Empalme Anticorrupción y que fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por su director, Germán Calderón España.
Gobierno entregó hallazgos del empalme anticorrupción
Entre los casos puestos en conocimiento de los organismos de control figura un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones suscrito entre el Ministerio de Defensa y Codaltec.
Según el análisis técnico presentado por el equipo de empalme, existirían presuntos sobrecostos de hasta el 85 %, un posible detrimento patrimonial superior a los 20.700 millones de pesos y deficiencias en la instalación y funcionamiento de los equipos, que habrían sido reportadas por el Ejército Nacional.
Asimismo, el gobierno electo solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por 24.800 millones de pesos, al considerar que el proceso habría continuado pese a una orden judicial que suspendía la selección que le dio origen.
Otro de los hechos mencionados corresponde a un contrato jurídico cercano a los 23.000 millones de pesos en CENIT, filial de Ecopetrol, sobre el cual se entregaron nuevos elementos relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.
Además, se informó que continuarán remitiéndose a las autoridades competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que resulten de las auditorías adelantadas durante el proceso de empalme para que sean investigados.
Las denuncias ahora deberán ser evaluadas por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, entidades encargadas de establecer si existen méritos para abrir las investigaciones correspondientes.
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