Desde este 8 de noviembre, según el gobierno entran en vigor las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, que buscan asegurar la transparencia en los procesos previos a las elecciones del Congreso y la Presidencia de la República en 2026.
El anuncio fue hecho a través de la Circular Conjunta 100-006-2025, emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de orientar el cumplimiento de la Ley 996 de 2005.
El documento está dirigido a ministros, superintendentes, gobernadores, alcaldes y directores de entidades públicas de todos los niveles, y detalla las limitaciones que deberán acatar las entidades del Estado durante el periodo electoral.
Entre las principales medidas, se establece que desde el 31 de enero de 2026 y hasta la elección presidencial —incluida una eventual segunda vuelta—, quedará suspendida cualquier vinculación que afecte la nómina estatal. Solo se permitirán nombramientos provisionales en casos estrictamente necesarios, como vacantes por renuncia, licencia o fallecimiento.
Además, la circular precisa restricciones sobre traslados, empleos de libre nombramiento y remoción, así como sobre el retiro forzoso de servidores públicos durante este periodo.

El documento fue firmado por Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, y Mariella Barragán, directora de Función Pública, quienes reiteraron que estas medidas buscan garantizar la transparencia y la equidad en la contienda electoral que definirá el rumbo político del país en 2026.
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