
La Fiscalía aclaró el 23 de agosto de 2026, en Bogotá, la situación del proceso penal contra el exdiputado Nicolás Fernando Petro Burgos, tras las declaraciones públicas de la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt.
En un comunicado, la entidad señaló que Petro Burgos ya había sido acusado, antes de la posesión de la actual fiscal general de la Nación, por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. La acusación fue presentada en audiencias realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
El proceso continuó con una etapa preparatoria en la que se realizaron 31 sesiones entre agosto de 2024 y junio de 2026. Según la información oficial, el caso fue recibido por Laborde mediante reparto automático y aleatorio a través del sistema SPOA, luego de que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño fuera recusado y separado del proceso.
La Fiscalía indicó que actualmente el inicio del juicio oral está pendiente de la resolución de recursos de apelación presentados contra el auto relacionado con las pruebas decretadas y negadas. La entidad precisó que la acusación se mantiene por los mismos delitos.
Sobre una reunión realizada el 5 de septiembre de 2024, la institución negó que se hubieran impartido órdenes para eliminar delitos o que existieran presiones contra la entonces fiscal del caso. Según el comunicado, el encuentro tuvo como propósito analizar una solicitud de la defensa para modificar la calificación jurídica con miras a un preacuerdo, propuesta que no fue aceptada.
Fiscalía explica por qué salió Lucy Laborde de la entidad
La Fiscalía también explicó que la salida de Laborde de la entidad no estuvo relacionada con el proceso contra Petro, sino con un concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta y con su situación administrativa.
La entidad reiteró que el proceso continúa bajo control judicial y que mantiene su compromiso con la imparcialidad, la autonomía y las garantías de las personas sometidas a actuaciones penales.
Te puede interesar: Fiscalía imputa cargos a coronel por presuntos nexos con grupos armados




