La captura de dos presuntos integrantes de una red dedicada a estafar compradores de vivienda en Bogotá, Mosquera y Funza permitió a la Fiscalía desarticular una organización que, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, habría obtenido más de 500 millones de pesos mediante la venta fraudulenta de inmuebles.
La Fiscalía informó que los procesados fueron identificados como Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López, esta última auxiliar de una notaría, quienes fueron judicializados por su presunta participación en una estructura delincuencial que engañaba a personas interesadas en adquirir vivienda o finca raíz en Bogotá y municipios de Cundinamarca.
Según la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la organización publicaba en redes sociales supuestas ofertas de venta de inmuebles para atraer compradores. Una vez las víctimas manifestaban su interés, los señalados programaban visitas a las propiedades para generar confianza y aparentar que eran los legítimos propietarios.
Fiscalía documentó seis casos de venta fraudulenta de inmuebles
Las pesquisas establecieron que el grupo primero tomaba las viviendas en arriendo y luego las ofrecía como si fueran de su propiedad. Además, presuntamente contaban con la participación de una empleada de notaría para obtener documentos fraudulentos, entre ellos certificados de tradición y libertad con sellos falsificados, con el fin de dar apariencia de legalidad a las compraventas.
La Fiscalía señaló que Mauricio Navarrete Sarabia sería el encargado de suplantar a los verdaderos dueños de los inmuebles y acudir a las notarías para autenticar documentos de manera fraudulenta. Entre tanto, Yuli Stella Guerrero López habría aprovechado su cargo como auxiliar de notaría para acceder a sistemas de verificación biométrica y facilitar la expedición de documentación utilizada para concretar las transacciones ilegales.
La Fiscalía documentó al menos seis casos en los que los propietarios legítimos nunca ofrecieron sus inmuebles en venta. Después de recibir el dinero, los implicados suspendían toda comunicación con las víctimas, logrando apropiarse de más de 500 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público. Durante las audiencias, Navarrete Sarabia aceptó los cargos, mientras que Guerrero López no los aceptó. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para la mujer y detención domiciliaria para el hombre.
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