
El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estableció un plazo de hasta 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un informe sobre los esfuerzos de Washington para apoyar una transición democrática en Nicaragua, en una disposición incluida en el proyecto de asignaciones para el año fiscal 2027.
La medida fue incluida en el informe H. Rept. 119-631, elaborado por el Comité de Apropiaciones y presentado en Washington como parte del proceso legislativo del proyecto H.R. 8595, relacionado con las asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y programas relacionados. El documento fue publicado el 30 de abril de 2026.
La disposición señala que, no más tarde de 90 días después de la promulgación de la ley correspondiente, Rubio deberá entregar a los Comités de Apropiaciones un reporte sobre las acciones destinadas a respaldar una transición democrática en Nicaragua. Por tanto, el plazo está condicionado a que la legislación sea promulgada.
El informe deberá abordar aspectos como la recuperación de las libertades fundamentales, el fortalecimiento de instituciones independientes, los derechos humanos y la libertad religiosa. También deberá incluir medidas para reducir la dependencia de Nicaragua respecto a China y las condiciones necesarias para celebrar elecciones creíbles, libres y justas.
Estados Unidos plantea condiciones para una transición democrática
La disposición refleja la preocupación de Estados Unidos por la situación política nicaragüense y por las restricciones que enfrentan sectores de la oposición, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El texto, sin embargo, no establece que Ortega deba abandonar el poder en 90 días ni ordena a Rubio ejecutar una transición dentro de ese periodo. Lo que plantea es una obligación de informar al Congreso sobre los esfuerzos para respaldar ese proceso.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa de Estados Unidos para el año fiscal 2027 y mantiene a Nicaragua dentro de los asuntos de política exterior y derechos democráticos abordados por el Congreso.
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