El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, fue sancionado este 29 de agosto de 2026 con tres días de arresto por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, debido al presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con las familias desplazadas que ocupan el predio La Sabana 1.
La decisión judicial se produce en medio de un conflicto que lleva cerca de dos décadas y que involucra a más de 30 mil personas residentes en los asentamientos Los Guasimales, Brisas de La Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II.
Según la resolución, la administración municipal en cabeza del alcalde Ernesto Orozco, adelantó gestiones para intentar adquirir los terrenos y dialogar con los propietarios, pero esas acciones no llegaron a concretarse mediante un acuerdo de negociación respaldado financieramente. Ante la falta de una solución, el municipio retomó el proceso de lanzamiento y estableció el 31 de agosto de 2026 como fecha para ejecutar el desalojo.
Sin embargo, durante una mesa técnica realizada a mediados de julio, dependencias de la Alcaldía reconocieron que no contaban con los recursos técnicos, logísticos y humanitarios necesarios para realizar la diligencia de manera segura.
Ernesto Orozco deberá responder ante la justicia
El caso tiene como antecedente la Sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que reconoció el derecho de propiedad sobre el predio, pero también ordenó garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada asentada allí.
La nueva sanción aumenta la presión sobre la administración de Ernesto Orozco, mientras continúa el debate entre el cumplimiento de la orden de restitución de los terrenos y la protección de las familias que habitan el sector.
El predio La Sabana 1 es reclamado por los herederos del mayor (r) Alberto Pimienta Cotes. La situación mantiene en vilo a miles de familias de Valledupar ante la fecha fijada para el desalojo.
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