Ernesto Orozco nos tiene un regalazo, se trata de un contrato firmado en silencio y con efectos a largo plazo.
En los últimos días de diciembre, mientras Valledupar entraba en la pausa institucional propia de las festividades de fin de año, la administración municipal firmó uno de los contratos más trascendentales para el futuro fiscal y territorial de la ciudad. Se trata del contrato interadministrativo mediante el cual se entrega la gestión integral del catastro multipropósito a una empresa de economía mixta, bajo un esquema que compromete al municipio hasta el año 2045.
El alcalde Ernesto Orozco no solo lidera la administración que suscribe el contrato, sino que además figura, según el registro mercantil, como presidente de la junta directiva de la empresa ejecutora. El acuerdo, celebrado por contratación directa, tiene una cuantía indeterminada, aunque con una estimación fiscal que supera los 40 mil millones de pesos, y fue firmado sin un debate público proporcional a su impacto.
Para RTA Noticias, el análisis de los documentos oficiales revela un entramado contractual que, aunque formalmente ajustado a la ley, plantea serios cuestionamientos sobre planeación, conveniencia, independencia institucional y control del interés público.
Una empresa creada semanas antes del contrato
La sociedad TU TERRITORIO S.A.S. fue constituida a comienzos de octubre de 2025 y registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar el 8 de octubre del mismo año. Menos de tres meses después, esta empresa se convirtió en el eje operativo de la política catastral del municipio.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, la sociedad está clasificada como microempresa, con ingresos operacionales reportados en cero pesos y capital pagado igualmente en cero, información que corresponde al estado del registro mercantil vigente al momento de la firma del contrato. A pesar de ello, se le asignan funciones estratégicas relacionadas con la actualización, conservación y administración de la información predial urbana y rural del municipio.
La brevedad entre la creación de la empresa y la adjudicación del contrato plantea interrogantes legítimos sobre su capacidad operativa inicial y sobre los criterios utilizados para considerarla idónea frente a un proyecto de alcance estructural.
La figura de economía mixta y la contratación directa
El contrato se ampara en la figura de empresa de economía mixta, en la cual el Municipio de Valledupar es accionista, condición que habilita jurídicamente la contratación directa bajo el Estatuto General de Contratación Pública.
No obstante, esta doble condición —municipio como socio y como contratante— genera un escenario institucional complejo. El mismo ente territorial que debe ejercer control y supervisión participa accionariamente en la empresa ejecutora, lo que, si bien no constituye por sí mismo una ilegalidad, sí configura un riesgo de debilitamiento de los controles efectivos.
El contrato no evidencia públicamente estudios comparativos que expliquen por qué este modelo resultaba más eficiente que otras alternativas disponibles, ni por qué una empresa de reciente creación era la opción más conveniente para una tarea de largo aliento.
El gobierno corporativo y sus conexiones políticas
El registro mercantil de TU TERRITORIO S.A.S. da cuenta de una estructura directiva estrechamente vinculada al poder político local. Según dicho documento:
Presidente de la Junta Directiva: Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar.
Gerente y representante legal: Violeta Patricia Ortiz Benavides.
Suplente de la gerencia: Lulia Cristina Maestre Arcia.
Miembros de junta: Ernesto Miguel Orozco Durán, José Manuel Castro Gualdrón y Karen Johanna Carroll Acosta.
La representante legal, Violeta Patricia Ortiz Benavides, fue secretaria de Planeación durante el segundo gobierno de Luis Alberto Monsalvo, un dato verificable en la trayectoria administrativa del departamento del Cesar. Su presencia refuerza la percepción de continuidad política en un contrato que concentra información estratégica del territorio.
Los objetivos contractuales y sus vacíos
En los considerandos y cláusulas, el contrato establece como propósitos el fortalecimiento del catastro multipropósito, la actualización predial, la interoperabilidad con el registro, la implementación de plataformas tecnológicas y el apoyo al recaudo del impuesto predial.
Si bien estos objetivos son coherentes con la política nacional de ordenamiento territorial, el contrato no aporta información detallada sobre la experiencia previa específica de la empresa ejecutora en proyectos similares, ni sobre evaluaciones de riesgo técnico o financiero que respalden la decisión administrativa.
El municipio conserva formalmente la potestad tributaria y el recaudo, pero las actividades contratadas inciden directamente en la base gravable y en la estructura del impuesto predial, lo que convierte al operador en un actor clave del sistema fiscal local.
Un plazo que compromete varias administraciones
El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2045, respaldado por vigencias futuras excepcionales autorizadas por el Concejo Municipal. Esto implica que varias administraciones futuras quedarán sujetas a un modelo contractual diseñado en el actual gobierno, con márgenes de reversión limitados y altos costos de modificación.
La decisión, adoptada en un corto margen de tiempo y sin amplio debate ciudadano, compromete la política catastral del municipio por dos décadas, un hecho que por sí solo ameritaba un mayor nivel de deliberación pública.
Riesgos institucionales y controles difusos
La confluencia de factores —empresa recién creada, contratación directa, participación accionaria del municipio y presidencia de la junta en cabeza del alcalde— configura un escenario que, sin afirmar ilegalidad, sí permite hablar de riesgos institucionales y potenciales conflictos de rol.
El debate no es únicamente jurídico, sino ético y político: ¿quién controla a quién cuando el controlante y el ejecutor hacen parte del mismo entramado societario?
Preguntas para los entes de control
Desde el periodismo independiente, RTA Noticias plantea interrogantes que deben ser respondidos por la Contraloría y la Procuraduría:
¿Qué estudios técnicos y financieros sustentaron la selección de una empresa sin ingresos ni capital pagado al momento de la firma del contrato?
¿Cómo se gestionan los posibles riesgos derivados del doble rol del alcalde como jefe de la administración contratante y presidente de la junta directiva de la empresa ejecutora?
¿Qué mecanismos de control y auditoría independientes están previstos para un contrato de cuantía indeterminada y largo plazo?
¿Existen cláusulas efectivas de reversión o terminación anticipada en caso de incumplimiento?
¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que la información catastral y sus efectos fiscales se administrarán con criterios técnicos y no políticos?
El regalazo navideño de Ernesto Orozco no es una acusación, es una alerta
El regalazo navideño de Ernesto Orozco no es una acusación, es una alerta. Un contrato de esta magnitud, duración y diseño institucional exige algo más que formalidades legales: requiere transparencia, control efectivo y explicaciones claras a la ciudadanía que, al final, es la que asume los riesgos y las consecuencias.
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