En un giro judicial que remueve las estructuras del poder político y de las altas cortes, el abogado vallenato Luis Fernando Padilla Pérez presentó una demanda que ya fue admitida por el Consejo de Estado y que podría convertirse en uno de los golpes más fuertes contra la legitimidad de la elección del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Ernesto Camargo Assis, elegido para el periodo 2025–2033. La denuncia señala un entramado de presuntos vínculos familiares, conflictos de interés y decisiones irregulares que habrían favorecido su ascenso a uno de los cargos más decisivos del país. Así quedó consignado en el auto del 7 de noviembre de 2025, firmado por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil de la Sección Quinta .
Padilla, conocido en el Cesar por su estilo directo y crítico, argumenta que durante la gestión de Camargo como Defensor del Pueblo, este habría contratado o nombrado a familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes posteriormente integraron la sesión del 14 de agosto de 2025 en la que se conformó la terna enviada al Senado. Para el demandante, esto debió ser motivo suficiente para que esos magistrados se declararan impedidos, pero no ocurrió.
Entre los nombres mencionados se encuentran familiares de magistrados como Gerson Chaverra Castro, Omar Ángel Mejía, Myriam Ávila Roldán, Diego Eugenio Corredor, Víctor Julio Usme Perea, Jorge Hernán Díaz, Fernando León Bolaños y Octavio Tejeiro, entre otros . Todos aparecen relacionados en la demanda como presuntos beneficiarios de decisiones tomadas en la Defensoría bajo la administración Camargo. Según el abogado vallenato, la omisión de los impedimentos afectó el quorum real requerido y viciaría el proceso desde su origen.
El caso se agrava con un segundo bloque de irregularidades: Padilla asegura que al menos siete senadores que tenían familiares favorecidos por Camargo también participaron en la votación del 3 de septiembre de 2025, cuando el Senado lo eligió magistrado de la Corte Constitucional. Aunque presentaron impedimentos, estos fueron negados y aun así votaron; votos que, de acuerdo con la demanda, resultaron determinantes en el resultado final.
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El Consejo de Estado determinó que la demanda cumple todos los requisitos legales establecidos en el CPACA, lo que permitió su admisión formal. En consecuencia, ordenó notificar a Camargo, al Senado de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, además de solicitar la entrega de todos los antecedentes del proceso de elección .
Entre las pretensiones, Padilla pide:
1. Anular el acto de elección de Camargo.
2. Invalidar el acta de la Corte Suprema que lo incluyó en la terna.
3. Ordenar una nueva terna, excluyendo al hoy magistrado.
4. Obligar al Senado a repetir todo el proceso de elección.
5. Excluir de manera definitiva a Camargo de cualquier etapa futura.
El demandante sustenta todo bajo dos causales: infracción del artículo 126 de la Constitución, que prohíbe expresamente el intercambio de favores y nombramientos cruzados entre funcionarios, y expedición irregular, derivada de la falta de impedimentos y de las votaciones de senadores en conflicto directo.
La denuncia, que nació lejos de Bogotá, desde el corazón del Cesar, ya genera repercusiones nacionales. No es solo un choque jurídico: es un golpe a la credibilidad de una de las instituciones más importantes del país. De resultar probadas las irregularidades, Colombia estaría ante un precedente histórico que toca las fibras del sistema electoral del Congreso y del proceso de selección de magistrados de las altas cortes.
Mientras tanto, Luis Fernando Padilla se convierte, desde su despacho vallenato, en el abogado que puso a temblar al magistrado Carlos Camargo y que amenaza con abrir una caja de Pandora en la justicia colombiana
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