El Área Metropolitana de Valledupar creó una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) con su mismo nombre, y en menos de un año esta nueva estructura administrativa ha logrado consolidarse como uno de los mayores ejecutores de obra pública en el Cesar… sin que la ciudadanía, los concejales o los organismos de control hayan recibido información clara sobre su funcionamiento. Todo ha pasado sin publicidad, sin socialización y sin un debate público mínimo, a pesar de que en sus manos ya reposan contratos por más de $62.000 millones.
RTA Noticias revisó los documentos oficiales y encontró que esta EICE, desconocida para la mayoría de los habitantes del área metropolitana, está manejando obras de alto impacto en varios municipios: pavimentos, mejoramientos viales, infraestructura rural, alcantarillado e incluso un ambicioso proyecto tecnológico para llevar fibra óptica a cinco municipios. Lo llamativo es que este movimiento multimillonario no ha sido acompañado de comunicados, anuncios, reuniones con la comunidad ni procesos de transparencia activa.
El contrato más grande, por $19.070 millones, corresponde al proyecto de fibra óptica rural para todo el territorio metropolitano. Un proyecto estratégico, sí; pero que ha avanzado apenas un 15% y que nunca fue explicado públicamente por la entidad. No hubo lanzamiento, no hubo socialización técnica, no hubo presentación de proveedores. Simplemente apareció en los boletines contractuales.
A esto se suman otras obras de peso: pavimentos en Chiriguaná por $6.751 millones; un megaproyecto de mejoramiento vial en Codazzi por $13.533 millones; optimización del alcantarillado en San José de Oriente; pavimentos en La Paz; y tres grandes obras en corregimientos y zona rural de Valledupar que superan los $20 mil millones combinados. Todas bajo la misma figura: la EICE recién creada.
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La pregunta es inevitable: ¿cómo una entidad nueva, con poco ruido institucional y sin un despliegue comunicacional mínimo, logra mover semejantes recursos en tan corto tiempo? La respuesta apunta a la estructura legal de las EICE, figuras híbridas que permiten contratar con mayor flexibilidad que las secretarías tradicionales y que, en muchos casos, pasan por debajo del radar político.
Lo preocupante es que, en un departamento donde las obras públicas suelen ser presentadas con actos públicos, visitas de obra y presencia constante en medios, esta EICE ha optado por el silencio. El ciudadano de a pie no sabe quién ejecuta, cómo ejecuta, cuánto avanza, qué contratistas participan o cuáles son los cronogramas reales. Y cuando no hay información, el riesgo aumenta: riesgo de retrasos, riesgo de sobrecostos, riesgo de contratación sin vigilancia social.
Los alcaldes metropolitanos hablan de transformación regional. Pero mientras tanto, la principal ejecutora de estos recursos opera como una estructura administrativa de bajo perfil, que mueve más dinero que muchas secretarías municipales juntas, pero sin exposición pública y sin el debate político que un presupuesto de esta magnitud debería generar.
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RTA Noticias seguirá investigando esta EICE, sus contratos, sus interventorías y su funcionamiento interno. Porque si hay una entidad que ya maneja más de $62 mil millones de recursos públicos, lo mínimo que merece el ciudadano es información, transparencia y control social real. En un territorio donde cada contrato cuenta, el silencio no puede ser la regla.
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