Por: Sharik Ovalle
El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal; el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso; y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, realizaron una mesa de trabajo con el fin de determinar las medidas que se tomarán para iniciar un plan de salvamento para el Hospital Rosario Pumarejo de Lopez y Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, IDREEC.
La principal conclusión fue la programación de cuatro mesas de trabajo en el transcurso de esta semana para concretar la reestructuración de pasivos en el hospital Rosario Pumarejo de López para salvarlo de la crisis que presenta y crear mecanismos para no liquidar el IDREEC.
“Serían cuatro mesas de trabajo que estaremos instalando la próxima semana. La primera, es la depuración de la cartera para que el Gobierno Nacional gire los recursos por atención a población migrante en el Rosario Pumarejo de López, con los que se podrán pagar los sueldos atrasados. La segunda, para estudiar la propuesta de someter al centro asistencial a Ley 550, que es un acuerdo de reestructuración de pasivos que frena además los embargos. La tercera, para que las EPS, con la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, le devuelvan al hospital los pacientes que se llevaron para la red privada. En la cuarta mesa se analizarán alternativas para evitar que el IDREEC sea liquidado como lo propone la Super, sino que busquemos salvarlo”, dijo el gobernador Monsalvo.
El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal por su parte explicó que“el planteamiento es poner al hospital en un plan de restructuración de pasivos, para ello, el ente territorial debe enviar una solicitud a la Supersalud con el fin de asignar a un promotor para que haga el análisis de los pasivos y que el Rosario Pumarejo haga los acuerdos de pago. Este promotor viabilizará la parte administrativa, financiera y a futuro nos podrá garantizar un hospital viable”.
Sobre el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, IDREEC, que debe a sus empleados 31 meses de salarios, la Superintendencia propuso liquidarlo por no tener viabilidad financiera, sin embargo, el gobernador se comprometió a hacer esfuerzos para salvarlo y no liquidarlo.
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