Comité extraordinario convocado por la Gobernación del Cesar analizó 26 casos de presunta trata de personas en cinco municipios del departamento, donde familias buscan ayuda para repatriar a sus seres queridos engañados con falsas ofertas laborales en el exterior.
Durante el encuentro, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, explicó que la situación más preocupante corresponde a 17 ciudadanos de Agustín Codazzi, quienes viajaron a Camboya tras aceptar una supuesta oferta de trabajo con salarios en dólares. Una vez llegaron a ese país, les retiraron sus pasaportes y documentos, convirtiéndolos en víctimas de redes dedicadas a la trata de personas.
El funcionario indicó que, gracias al trabajo conjunto entre la Cancillería, la Fiscalía y una fundación internacional, estas personas lograron salir de Camboya y actualmente permanecen en Bangkok, Tailandia, mientras se gestionan los recursos necesarios para facilitar su regreso a Colombia.
Comité coordina acciones para el regreso de cesarenses afectados
El Comité también conoció seis casos de cesarenses que habrían sido enviados bajo engaños a la guerra en Ucrania. Con varios de ellos no existe comunicación desde hace meses, por lo que Medicina Legal adelanta la toma de muestras de ADN a sus familiares para compararlas con cuerpos sin identificar encontrados en ese país. Asimismo, continúa la búsqueda de otro ciudadano desaparecido en Polonia.
Durante la sesión del Comité, las autoridades expusieron el caso de Jorge Andrés Torres Sánchez, desaparecido desde hace cuatro meses luego de viajar a Ucrania, donde, según sus familiares, terminó vinculado al conflicto armado tras aceptar una falsa oferta laboral.
El Comité reiteró que las organizaciones criminales utilizan principalmente TikTok, Instagram y otras redes sociales para captar jóvenes entre los 18 y 30 años con promesas de empleo y altos ingresos. La Gobernación recomendó verificar cualquier oferta internacional antes de viajar y recordó que el Ministerio del Interior y la Cancillería disponen de canales oficiales para confirmar la legalidad de las empresas contratantes.
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