El senador Carlos Meisel inició el viernes 16 de octubre de 2026, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Bogotá, el trámite de un referendo ciudadano que busca reducir el tamaño del Estado colombiano, disminuir el centralismo y fortalecer la autonomía de las regiones.
La iniciativa, denominada “Referendo de Todos”, propone revisar la estructura de las tres ramas del poder público y redistribuir competencias y recursos para que los territorios tengan mayor capacidad de decisión. Durante la presentación de la propuesta, el congresista cuestionó la cantidad de integrantes de las corporaciones públicas y planteó la necesidad de optimizar el gasto estatal.
“Este país puede funcionar igual o mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas (…) en la rama judicial se puede hacer un esfuerzo, pues hoy tenemos seis altas cortes”, afirmó el senador al explicar el alcance de la iniciativa.
¿Qué propone el referendo de Carlos Meisel?
La propuesta contempla tres ejes principales. El primero busca fortalecer la autonomía fiscal y regulatoria de los departamentos y municipios, con mayores competencias para tomar decisiones en asuntos como política energética y temas salariales.
El segundo plantea revisar el tamaño y funcionamiento de las instituciones públicas, incluidos el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las altas cortes. El tercero propone modernizar la relación entre la justicia ordinaria y las jurisdicciones especiales, mediante cambios graduales.
Según la información publicada por medios nacionales, la Registraduría entregó los formularios para avanzar en la conformación del comité promotor y el proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Para que la iniciativa llegue a una eventual votación, deberá cumplir los requisitos legales y superar las etapas correspondientes.
Carlos Meisel sostiene que la descentralización permitiría acercar las decisiones y los recursos públicos a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta todavía debe avanzar por el procedimiento institucional antes de convertirse en una reforma aprobada.
El referendo abre nuevamente el debate sobre el gasto público, la representación política y la distribución del poder entre el Gobierno nacional y las regiones.
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