Dos menores de nueve y 16 años fueron víctimas de presuntos casos de abuso sexual que involucraron a un profesor en Cartagena y a un empresario en Puerto Colombia, Atlántico, en hechos denunciados durante octubre de 2026 y que derivaron en capturas y actuaciones judiciales.
Los casos, que ocurrieron de manera independiente, fueron conocidos tras las denuncias y las investigaciones adelantadas por las autoridades. Ambos procesos generaron preocupación por las circunstancias en las que, presuntamente, se habrían producido las agresiones contra los menores de edad.
Aberrantes señalamientos contra un profesor en Cartagena
El primer caso involucra a un docente de 29 años, señalado de presuntamente abusar de un niño de nueve años que recibía clases de refuerzo escolar en su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio, en Cartagena.
De acuerdo con los reportes periodísticos, los hechos fueron descubiertos el 9 de octubre, cuando los padres del menor llegaron al lugar y encontraron al profesor en una situación que motivó la intervención de las autoridades.
La investigación señala que el docente presuntamente habría utilizado promesas de helados y viajes para ganarse la confianza del niño. La Fiscalía le imputó cargos relacionados con delitos sexuales contra menores de 14 años. El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso.
Aberrantes denuncias contra un empresario en Atlántico
El segundo caso involucra a Juan Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, capturado el 20 de octubre en Barranquilla por una investigación relacionada con la denuncia de una adolescente de 16 años.
Según la información divulgada por medios de comunicación, el episodio denunciado habría ocurrido el 2 de octubre en un establecimiento del sector de Pradomar, en Puerto Colombia, donde la joven practicaba surf.
La adolescente señaló que el empresario presuntamente la condujo hasta una oficina y allí ocurrió una situación de violencia sexual. La investigación habría incluido su testimonio y otros elementos recopilados por las autoridades.
El caso fue investigado por la Fiscalía por el presunto delito de acto sexual violento. Según los reportes, el empresario no aceptó el cargo y la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento.
Las autoridades deberán establecer las responsabilidades penales en ambos procesos. Mientras tanto, se debe garantizar la protección de las víctimas y preservar su identidad.
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